Pemex concentra 58.2% de las estaciones; su expansión y nuevo estatus como empresa pública tensionan competencia, señales regulatorias y decisiones de inversión en combustibles.
La concentración de 58.2% del mercado de estaciones de servicio bajo la marca Pemex plantea un dilema operativo y regulatorio: el uso masivo de franquicias y esquemas de suministro mixto permite a la estatal controlar disponibilidad y lealtad de marca sin asumir la mayoría de costos de operación, lo que presiona la estrategia de entrada y expansión de competidores privados y la respuesta del regulador.
Los datos oficiales al cierre de 2025 muestran 7,480 estaciones que operan bajo la marca Pemex, de las cuales 7,435 son franquicias y solo 45 son operadas directamente por la empresa. Adicionalmente, Pemex abastece 4,308 estaciones mediante suministro mixto. Ese diseño contractual amplifica su influencia en la red de distribución aun cuando la liberalización de 2016 abrió la importación y operación independiente.
Para SENER y la CNE, la fotografía obliga a reconsiderar el umbral de competencia efectiva. La norma vigente permite a la CNE intervenir en el mercado mayorista mientras no exista tal determinación; la prevalencia de una marca estatal integrada verticalmente y su reciente transformación jurídica a empresa pública aumentan las razones técnicas y políticas para una revisión de mercados y posibles medidas de acceso a infraestructura crítica.
Desde la perspectiva de infraestructura, la dependencia de franquicias reduce la necesidad de inversión directa de Pemex en activos minoristas, pero incrementa la relevancia de la logística: terminales de almacenamiento, capacidad de transporte por pipas y conectividad con refinerías o terminales privadas son cuellos de botella que privilegian al proveedor dominante. Las empresas privadas enfrentan mayores costos de entrada si requieren acceso a almacenamiento o rutas de suministro donde Pemex ya posee ventajas contractuales o comerciales.
El cambio institucional de 2025, al convertir a Pemex en empresa pública del Estado, modifica incentivos de financiamiento y fiscalización. Aunque no altera por sí mismo las cifras de mercado, su nuevo estatus puede facilitar respaldos fiscales o contractuales que reduzcan el riesgo operativo para la estatal y, simultáneamente, aumentar la percepción de riesgo regulatorio entre inversionistas privados que compiten en retail y logística.
Para inversionistas y operadores privados, la lectura debe incorporar tres vectores: presión sobre márgenes de distribución por la densidad de la red Pemex; riesgo de acceso restringido o encarecido a terminales y transporte; y mayor probabilidad de intervenciones regulatorias sectoriales. Estrategias de mitigación plausibles incluyen focalizarse en nichos no cubiertos por la red Pemex, firmar alianzas con operadores de terminales independientes y apalancar modelos no franquiciados con propuestas diferenciadas de servicio y fidelización.
En materia de cumplimiento y seguridad, la ASEA mantiene un papel relevante: supervisión de almacenamiento, manejo de productos y operación de estaciones. La proliferación de franquicias implica que la supervisión efectiva recaiga en múltiples operadores con capacidades técnicas dispares, lo que eleva riesgos operativos y demanda una mayor coordinación entre ASEA y autoridades locales para auditorías y sanciones efectivas.
Para Pemex, la estrategia de crecimiento —reflejada en un aumento de 2.9% en su red durante 2025— es operacionalmente eficiente pero políticamente sensible. Controlar la red mediante franquicias reduce capital en planta propia y facilita expansión rápida; sin embargo, expone a la empresa estatal a riesgos reputacionales y operativos si los concesionarios incumplen normas ambientales o de seguridad, lo que a su vez podría movilizar a la CNE o a otras instancias regulatorias.
Los consumidores y mercados locales también reciben señales claras: una marca dominante puede influir en niveles de servicio y precios en zonas con menor competencia efectiva. A corto plazo, la presencia de Pemex puede garantizar disponibilidad; a mediano plazo, puede limitar la presión competitiva que impulsa mejoras en precios y servicios, afectando inflación local y decisiones de movilidad.
En el plano político y fiscal, mantener una red de tal magnitud bajo la bandera estatal refuerza la centralidad de Pemex en la política energética nacional. Para autoridades hacendarias y de planeación, esto implica balancear objetivos de seguridad energética con la necesidad de mercados competitivos que atraigan inversión privada en logística, almacenamiento y retail.
La conclusión operativa para empresas reguladas y asesoría legal es clara: revisar cláusulas de acceso a infraestructura, auditar riesgos de dependencia logística, considerar litigio regulatorio si existen barreras anticompetitivas y preparar estrategias de cumplimiento robustas para operar en un mercado donde la intervención de la CNE y la vigilancia de ASEA pueden intensificarse.
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