Bloqueos de la CNTE en Oaxaca que impidieron el acceso a una planta de Pemex y al aeropuerto elevan el riesgo operativo en la cadena de suministro de combustibles y costos para empresas.
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Sanciones administrativas de 15 a 30 días en Pemex y AIFA son una señal regulatoria: impacto limitado hoy, pero elevan costos de cumplimiento, riesgo reputacional y exigencia de controles operativos.
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Duplicar comercio e inversión con España al 2030 presiona permisos, red eléctrica y marcos fiscales; exige hoja de ruta regulatoria y proyectos de infraestructura.
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Un posible acuerdo entre Pemex y Petrobras por tecnología de aguas profundas plantea cambios en inversión, riesgo operativo, fiscalización y la capacidad para explotar yacimientos maduros.
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Capitales globales se inclinan a redes y baja emisión mientras México concentra recursos en Pemex; riesgo fiscal, desvío de inversión y brechas en infraestructura eléctrica.
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La estrategia conjunta de Sheinbaum y Pemex privilegia seguridad energética sobre aumentos abruptos de producción; reordena prioridades financieras, operativas y de inversión.
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La apertura venezolana a inversión privada en electricidad redefine riesgos regulatorios, ofrece oportunidades para proveedores y obliga a México a revaluar contratos, tarifas y seguridad energética.
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La salida de Santiago Nieto deja en juego la implementación de la reforma de propiedad industrial y sus efectos en patentes, compras públicas y cadenas críticas del sector energético.
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