La Segunda Convocatoria alinea permisos con la planeación vinculante; cambia criterios de prioridad, complica due diligence y eleva riesgos de permisos, financiamiento y operación.
El nuevo marco de prioridad para permisos que activó la Segunda Convocatoria publicada en el DOF el 11 de mayo de 2026 impone una tensión inmediata sobre la viabilidad financiera de proyectos que crecieron bajo la lógica de “llegar primero”. Al exigir alineación con la planeación vinculante, el gobierno transforma un criterio operativo en un factor decisivo de elegibilidad: proyectos sin evidencia de correspondencia con esa planeación enfrentan mayor probabilidad de perder prioridad de interconexión y atención administrativa, lo que se traduce en riesgo de liquidez y reprogramación de cronogramas de inversión.
La Segunda Convocatoria concentra prioridad en solicitudes de permisos de generación e interconexión que estén alineadas con la planeación vinculante del sistema eléctrico. En la práctica esto significa que la simple velocidad para tramitar permisos deja de ser el criterio principal; ahora importa la coherencia técnica con la matriz de planeación del operador del sistema, la disponibilidad de capacidad en puntos de interconexión específicos y la contribución del proyecto a objetivos de capacidad firme o correlación geográfica. Para autoridades reguladoras y operadores, la medida busca ordenar expansión sin replicar cuellos de botella en transmisión. Para desarrolladores, implica cambiar la lógica de pipeline y priorización administrativa.
Los despachos legales y técnicos deberán actualizar sus checklists: la diligencia debida ahora exige evidencia explícita de cumplimiento con la planeación vinculante, alineación con estudios de interconexión y trazabilidad documental que pruebe compatibilidad con la expansión de la red. Financieras y aseguradoras van a incorporar clausulas que condicionen desembolsos a la obtención de constancias de alineación. La consecuencia operativa es que trámites que antes se resolvían con rapidez pueden prolongarse por revisiones técnicas, y los desarrolladores con portafolios dispersos enfrentarán costos mayores para re-evaluar la elegibilidad de cada proyecto.
Los colegios de riesgo y los comités de inversión tendrán que incorporar un nuevo vector: riesgo regulatorio ligado a criterios de planeación. Proyectos que no puedan demostrar coordinación con la expansión de transmisión o que dependan de puntos con capacidad conflictiva probablemente sufran un repricing en sus condiciones de financiamiento o requerirán garantías adicionales. Fondos institucionales y bancos internacionales, que ya priorizan cumplimiento ESG y estabilidad regulatoria, van a exigir mayor evidencia antes de comprometer capital en proyectos cuya prioridad administrativa ahora es discrecional y técnicamente condicionada.
Al privilegiar la planeación vinculante, la convocatoria puede favorecer proyectos que se integren con la estrategia de expansión de la red y con tipos de generación considerados prioritarios por autoridades, lo que en la práctica altera la competencia por ubicación y acceso a interconexión. Para la CFE y operadores del sistema esta medida reduce el riesgo de conflictos por saturación de puntos críticos, pero también puede concentrar mayor control sobre dónde y qué tipo de capacidad se desarrolla, con implicaciones en mercado, despacho y en la composición de la oferta disponible para consumidores industriales y comercializadoras.
Donde hay criterios técnicos con impacto distributivo, surge el riesgo de impugnaciones administrativas y judiciales. La Segunda Convocatoria deberá acompañarse de procesos procesales claros, plazos definidos y criterios técnicos publicados para disminuir incertidumbre legal. Los desarrolladores deben prepararse para documentar la coherencia técnica de sus proyectos y, si es necesario, plantear recursos administrativos fundamentados en evidencia técnica ante ausencia de criterios públicos suficientes.
Empresas y despachos deben revisar pipelines y priorizar proyectos con trazabilidad documental frente a la planeación del operador. Es indispensable realizar estudios de interconexión actualizados, renegociar cláusulas contractuales que consideren retrasos regulatorios y añadir covenants en financiamientos que protejan contra pérdida de prioridad. Operadores de transmisión y EPC deben coordinar cronogramas con desarrolladores para asegurar que la infraestructura programada soporte los proyectos alineados.
El fin del “first come, first served” no solo redistribuye prioridades; cambia la habilidad requerida para competir: hoy gana quien demuestre cumplimiento técnico, jurídico y de planificación. Para México, la medida puede mejorar la coherencia entre expansión de generación e infraestructura de transmisión, pero exige mayor transparencia regulatoria y ajustes en modelos de negocio. Financieros, desarrolladores y autoridades tienen una ventana para definir reglas del juego que reduzcan litigios y faciliten inversiones ordenadas; la pregunta para el sector privado es si puede adaptarse con la rapidez técnica y documental que la nueva convocatoria exige.
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