La ausencia de la segunda convocatoria de interconexión prioritaria eleva riesgo regulatorio, encarece financiamiento y retrasa EPC en renovables, ciclos y BESS.
En el sector eléctrico, el silencio administrativo también es una decisión económica. La segunda convocatoria de interconexión prioritaria prometida para febrero no se publicó. En el calendario regulatorio puede parecer un simple ajuste. En el balance financiero de un proyecto, es otra cosa: es costo de capital que empieza a subir sin que nadie haya movido una turbina.
La interconexión no es un trámite accesorio. Es el puente entre el CAPEX ya comprometido y la posibilidad de generar ingresos. Cuando el proceso se detiene o se vuelve incierto, la ecuación de bancabilidad se descompone.
En un esquema de project finance, el cronograma es activo financiero. Los contratos EPC se estructuran con hitos alineados a permisos, acceso a red y pruebas de energización. Si la convocatoria no aparece, el pipeline entra en zona gris. Los bancos no financian incertidumbre regulatoria; la precian.
El retraso implica tres efectos inmediatos:
Primero, extensión del periodo preoperativo. Cada mes sin certeza de interconexión significa intereses capitalizados y costos de desarrollo que no generan flujo.
Segundo, renegociación contractual. EPC y proveedores ajustan condiciones si el inicio de obra se desplaza. Las cláusulas de vigencia de precios, equipos importados y garantías técnicas tienen fecha.
Tercero, señal sistémica. El mercado interpreta que la planeación de transmisión no está sincronizada con la expansión de generación.
México ya enfrenta restricciones nodales en diversas regiones. La congestión no siempre responde a falta de líneas nuevas; muchas veces deriva de saturación local, indisponibilidad de capacidad firme o criterios técnicos conservadores.
La convocatoria prioritaria es, en teoría, un instrumento para ordenar esa congestión y asignar espacio con criterios claros. Su ausencia amplifica incertidumbre sobre qué proyectos tendrán ventana real de conexión y cuáles quedarán en lista de espera indefinida.
Para renovables, cuya estructura financiera depende de previsibilidad de despacho y acceso a red, la demora altera el modelo base. Para ciclos combinados, que requieren certeza de evacuación para asegurar contratos de suministro y financiamiento de turbinas, el impacto es directo. Para proyectos de almacenamiento BESS, que dependen de localización estratégica en nodos congestionados, la incertidumbre es aún mayor porque su propuesta de valor se vincula precisamente a aliviar restricciones.
Cuando un regulador o entidad coordinadora incumple un calendario anunciado, el efecto trasciende el proyecto puntual. Se convierte en prima de riesgo sectorial.
El costo de capital en energía eléctrica no solo refleja tasas internacionales o riesgo soberano; incorpora gobernanza sectorial. Un retraso en convocatoria envía la señal de que los tiempos institucionales pueden no ser confiables. Los inversionistas ajustan su tasa interna de retorno exigida para compensar.
Un incremento marginal en la tasa exigida puede volver marginalmente inviable un proyecto que ya operaba con márgenes estrechos.
Los contratos EPC operan bajo cronogramas detallados. La fabricación de equipos principales, transformadores, interruptores de potencia y sistemas de control se programa con meses de anticipación. Si la interconexión no tiene fecha clara, los fabricantes no reservan capacidad indefinidamente.
El retraso institucional puede traducirse en pérdida de ventanas de manufactura, lo que a su vez empuja entregas y encarece proyectos por inflación de insumos y tipo de cambio.
El almacenamiento eléctrico representa una herramienta clave para manejar intermitencia y congestión. Sin una convocatoria clara, los desarrolladores de BESS enfrentan incertidumbre sobre nodos prioritarios y criterios de asignación.
Paradójicamente, el sistema que necesita flexibilidad puede estar retrasando el mecanismo que permitiría incorporarla.
La ausencia de la convocatoria no implica cancelación de política pública. Pero el mercado no opera sobre promesas sino sobre documentos publicados.
En electricidad, la planeación no es discurso. Es secuencia regulatoria verificable. Cuando esa secuencia se interrumpe, el costo no aparece en un boletín oficial. Aparece en la hoja de cálculo del financiador.
Y esa hoja de cálculo no espera.
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