El ajuste propuesto por la CRE al Acuerdo Segundo del A/065/2023 extiende su entrada en vigor hasta 2026. Descubre los cambios clave, cómo afecta al sector eléctrico y por qué es crucial participar en la consulta pública.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha puesto en consulta pública un nuevo ajuste normativo que podría redefinir el calendario regulatorio del sector energético. Se trata del Acuerdo para modificar el Segundo del Acuerdo Núm. A/065/2023, cuyo objetivo es retrasar un año la entrada en vigor de las Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de Aportaciones (DACGMA).
¿Eres parte del sector energético o te interesa el marco regulatorio del país? Aquí te contamos lo esencial: los cambios propuestos, su impacto y cómo podría afectar a las empresas públicas y particulares.
En enero de 2024, la CRE publicó el Acuerdo Núm. A/065/2023 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estableciendo un conjunto de disposiciones para calcular las aportaciones requeridas a los usuarios de servicios eléctricos. Sin embargo, con la reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas, publicada en octubre de 2024, se evidenció que las disposiciones del acuerdo necesitaban ser revisadas para asegurar congruencia con la política pública vigente.
El cambio propuesto en el Acuerdo Segundo busca:
Armonización regulatoria
Se actualizarán términos como "Empresas Productivas del Estado" por "Empresas Públicas del Estado" y se vincularán las aportaciones a tarifas específicas, buscando claridad y coherencia normativa.
Impacto controlado para particulares
La CRE asegura que esta modificación no genera nuevas obligaciones, costos de cumplimiento ni sanciones para usuarios o empresas privadas. Solo ajusta tiempos para evitar conflictos con las leyes secundarias.
Beneficios esperados
El ajuste temporal permitirá una transición más ordenada hacia un marco regulatorio actualizado, garantizando estabilidad para empresas y usuarios finales.
El retraso en la entrada en vigor de estas disposiciones ofrece una ventana de preparación para todos los actores involucrados, desde los transportistas hasta los usuarios finales. Por ejemplo:
Este anteproyecto está en consulta pública a través de la CONAMER, lo que significa que cualquier interesado puede emitir sus comentarios antes de que se tome una decisión final. Si formas parte del sector energético o estás interesado en el impacto de esta regulación, este es el momento para participar.
La CRE busca no solo ajustar tiempos, sino también asegurar que las disposiciones administrativas estén alineadas con las reformas constitucionales y leyes secundarias. Esto refuerza la confianza en el marco regulatorio mexicano y asegura que las empresas puedan operar de manera eficiente y transparente.
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