El estudio de la Cepal muestra que la composición tecnológica de la generación eléctrica altera el impulso al PIB; exige cambios en regulación, permisos y estrategia de inversión.
Una señal clara de tensión fiscal y estratégica emerge del análisis de la Cepal: no todas las fuentes eléctricas generan el mismo efecto sobre la actividad económica y esa diferencia puede reconfigurar prioridades regulatorias, decisiones de inversión y la orientación operativa de CFE y Pemex en los próximos años.
El estudio muestra que una mayor generación termoeléctrica se traduce en el mayor efecto multiplicador sobre el PIB entre las tecnologías analizadas, con cifras relativas que colocan a las termoeléctricas por delante de la hidráulica, la nuclear y las carboeléctricas, mientras que fuentes como ciclo combinado, geotermia y eólica presentan rendimientos negativos en la medición del impacto sobre la actividad productiva. La Cepal también recuerda que las centrales de ciclo combinado aportan entre 55 y 60 por ciento de la generación total y que 75 por ciento de la matriz seguirá siendo fósil según datos oficiales.
La heterogeneidad en los multiplicadores obliga a repensar objetivos: priorizar reducción de costos energéticos y seguridad de suministro no es equivalente a priorizar el mayor efecto sobre la actividad productiva inmediata. Para los hacedores de política, el mensaje plantea un dilema entre favorecer inversiones con mayor encadenamiento productivo local —que pueden ser intensivas en insumos y empleo en etapas de operación y mantenimiento— y sostener metas de descarbonización y reducción de vulnerabilidad ante precios internacionales de combustibles.
Si los datos se convierten en argumento para orientar apoyos regulatorios, existe el riesgo de que la nueva arquitectura normativa favorezca proyectos fósiles o híbridos por su mayor multiplicador económico de corto plazo. Eso obligará a SENER y a las unidades responsables de permisos a explicar criterios técnicos y económicos de priorización, y abre una ventana de presión política para modificar reglas de mercado, contratos y tarifas que pueden alterar la certidumbre para inversionistas renovables.
Para CFE, la lectura es doble: por un lado, mantener o ampliar capacidad termoeléctrica puede reforzar su papel como motor del PIB; por otro, la persistencia de una matriz fósil mantiene exposición a costos de combustibles y a obligaciones ambientales que afectan costos operativos. Para Pemex, la continuidad de demanda de hidrocarburos para generación eléctrica preserva flujos, pero no resuelve la necesidad de modernizar logística, calidad del suministro y marcos contractuales para evitar fugas fiscales y riesgos operativos.
Los inversionistas privados enfrentarán señales mixtas: evidencia de mayores multiplicadores con tecnologías térmicas puede revalorizar proyectos convencionales en el corto plazo, pero la visión de largo plazo sobre costos nivelados y externalidades ambientales aún favorece renovables. Esto condiciona el apetito de bancos y fondos para financiar pipelines renovables, especialmente si las barreras institucionales, tecnológicas y financieras que la Cepal identifica no se abordan con políticas de contenido nacional y estructuras de riesgo claras.
La Cepal también apunta a obstáculos en permisos y capacidad instalada que limitan el salto renovable. Operadores de red y reguladores de permisos deberán coordinar planes de interconexión, modernización de la transmisión y mecanismos de respaldo —almacenamiento y flexibilidad— para no generar pérdidas de eficiencia que expliquen parte del menor multiplicador observado en renovables. Sin estas inversiones, la integración de renovables puede resultar en menor encadenamiento productivo del esperado.
La respuesta pública y privada debe combinar tres frentes: asegurar certidumbre regulatoria que internalice efectos macroeconómicos sin penalizar transición, promover políticas de contenido local y capacitación para aumentar el encadenamiento de renovables, y priorizar inversiones en red y flexibilidad para que la generación limpia no pierda potencial de creación de valor. Ese enfoque reduce el riesgo de que decisiones cortoplacistas amplifiquen costos fiscales, operativos y de seguridad energética.
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