La primera entrega de la Cuenta Pública 2025 omitió auditar obras y programas prioritarios hasta octubre, ampliando el riesgo fiscal y la incertidumbre para Pemex, CFE, contratistas e inversionistas.
El aplazamiento de las auditorías a las grandes obras y programas prioritarios genera una ventana de incertidumbre que eleva el riesgo fiscal y complica decisiones de inversión, contratación y cumplimiento en el sector energético y la infraestructura pública.
La Auditoría Superior de la Federación concentró su primera entrega de la Cuenta Pública 2025 en la revisión de participaciones federales transferidas a estados y municipios, dejando para octubre las auditorías a dependencias federales, empresas productivas del Estado, organismos autónomos, universidades, fondos federales y proyectos prioritarios. El anuncio del auditor Aureliano Hernández Palacios confirma un calendario fragmentado cuya consecuencia inmediata es que no hay todavía resultados públicos sobre proyectos emblemáticos como los grandes trenes, la Refinería Olmeca o el Aeropuerto Felipe Ángeles.
Ese alcance parcial tiene peso porque el gasto programable reportado para 2025 supera los 7 billones de pesos y los programas sociales concentran montos significativos. La fiscalización diferida postergará la identificación formal de irregularidades, observaciones contables o posibles recomendaciones de recuperación de recursos, lo que complica la previsión presupuestaria y la planificación de contingencias financieras.
La experiencia histórica de la ASF —con observaciones que a menudo se solventan administrativamente sin sanciones significativas— añade otra capa de riesgo: la diferencia entre documentar irregularidades y lograr sanciones ejemplares. Si la siguiente entrega no traduce hallazgos en acciones correctivas claras, la eficacia disuasoria de la fiscalización seguirá erosionada.
Para Pemex y las empresas productivas del Estado, la postergación significa que temas sensibles de contratación, ampliaciones presupuestales y modificaciones de contratos permanecerán sin escrutinio público por más meses. Eso afecta la percepción de riesgo crediticio y la capacidad de los equipos financieros para valorar contingencias asociadas a pasivos, reclamaciones o ajustes contractuales pendientes.
La CFE y los proyectos de infraestructura eléctrica enfrentan el mismo dilema: retrasos en auditorías sobre gestión presupuestal y contratos pueden traducirse en decisiones operativas tomadas sin el riesgo reputacional o financiero plenamente valorado. Para los operadores privados y contratistas, la incertidumbre incrementa la prima de riesgo contractual y la probabilidad de ajustar precios para cubrir contingencias regulatorias y de cumplimiento.
Los mercados y los inversionistas deben incorporar este calendario de fiscalización en sus modelos de due diligence. Un hallazgo adverso en octubre sobre grandes proyectos podría abrir rutas de reclamación contractual, demandas administrativas o exigencias de devolución de recursos que afecten flujos y garantías. Por tanto, las cláusulas de retención, garantías y aseguramiento deben revisarse ya, y las carteras de inversión recalibrarse frente a un posible aumento de litigios y ajustes contables.
Desde la perspectiva regulatoria, dependencias como SENER y los órganos de control interno de las entidades deberán anticipar solicitudes de información y reforzar la conservación de evidencia documental. La demora ofrece tiempo para corregir errores administrativos, pero también amplía la ventana en la que pueden producirse modificaciones de última hora en expedientes de obra y contratos; eso plantea un riesgo operativo y reputacional que los equipos jurídicos y de cumplimiento deben gestionar con prioridad.
Para los actores del sector privado y los despachos que asesoran, el mensaje operativo es claro: no confiar en la posibilidad de que una observación sea diluida por el calendario. Es indispensable auditar internamente contratos, bitácoras de obra, adendas, órdenes de cambio y pagos, y preparar respuestas técnicas y legales robustas que puedan presentarse ante la ASF, tribunales administrativos o la Fiscalía, si se solicita.
En términos de política pública, la forma en que la ASF publique metodología, alcance y cronograma de la segunda entrega será determinante para restablecer certidumbre. Transparencia en los criterios de selección de muestras, líneas de investigación y criterios de improcedencia o recuperación de recursos reducirá la volatilidad informativa y permitirá a mercados y actores ajustar estrategias con menor prima de incertidumbre.
La decisión de concentrar la revisión inicial en participaciones transferidas a estados y municipios tiene sentido técnico, pero operativamente transforma los próximos meses en un periodo crítico para la contabilidad interna y la gestión documental de proyectos energéticos y de infraestructura. Empresas reguladas, administraciones estatales y acreedores deben actuar ahora para fortalecer controles, documentar decisiones y revisar salvaguardas contractuales antes de la publicación definitiva en octubre.
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