El interés de Shell en proyectos de gas offshore en Venezuela para exportarlos vía Trinidad revela la reconfiguración energética del Caribe bajo altos riesgos geopolíticos.
El interés de Shell en evaluar inversiones multimillonarias en proyectos de gas offshore en Venezuela, con la posibilidad de exportar ese gas a través de Trinidad y Tobago, ofrece una ventana clara a cómo se está reconfigurando el mapa energético del Caribe. No se trata solo de un proyecto puntual, sino de una lectura estratégica sobre dónde aún existen moléculas disponibles, qué infraestructura puede reutilizarse y bajo qué condiciones políticas y regulatorias es posible operar.
La lógica detrás de este movimiento parte de una realidad conocida en la región. Venezuela concentra algunas de las mayores reservas de gas del Caribe, pero carece de capacidad propia para monetizarlas de forma ágil en mercados internacionales. Trinidad, en cambio, enfrenta una declinación progresiva de su producción doméstica y una subutilización creciente de su infraestructura de LNG. La conexión entre ambos sistemas aparece como una solución técnica razonable, pero políticamente compleja.
Shell no entra a este tablero como actor marginal. Su experiencia en upstream offshore, operación en entornos regulatoriamente restrictivos y gestión de riesgos geopolíticos la colocan como una de las pocas compañías capaces de evaluar este tipo de apuestas. Sin embargo, la empresa no oculta que el atractivo del gas venezolano está condicionado por factores externos al subsuelo. Sanciones, licencias, estabilidad contractual y la relación entre gobiernos siguen siendo variables determinantes para cualquier decisión de inversión.
Desde el punto de vista geopolítico, el esquema Venezuela Trinidad introduce una triangulación sensible. El gas no fluiría directamente a mercados finales desde territorio venezolano, sino a través de un hub con mayor integración internacional y marcos regulatorios más previsibles. Este diseño reduce ciertos riesgos comerciales, pero no elimina la exposición política. La continuidad del proyecto depende de autorizaciones internacionales y de la capacidad de mantener alineados intereses energéticos y diplomáticos en un contexto de alta volatilidad.
La infraestructura existente juega un papel central. Trinidad ya cuenta con plantas de LNG, ductos y experiencia operativa que permiten acelerar tiempos frente a desarrollos greenfield. Para Shell, esta reutilización de activos es clave para justificar económicamente un proyecto que, de otro modo, estaría penalizado por el riesgo país asociado a Venezuela. La estrategia sugiere que, en regiones complejas, la viabilidad energética pasa menos por descubrimientos y más por ingeniería institucional y logística.
Este episodio también revela un patrón más amplio. Las grandes petroleras están dispuestas a considerar territorios políticamente difíciles siempre que exista una vía clara de evacuación del producto, reglas mínimas de juego y una demanda estructural de gas que justifique la exposición. El Caribe emerge así como una zona de ajuste fino, donde reservas subexplotadas, infraestructura ociosa y necesidad de suministro convergen bajo esquemas no tradicionales.
El interés de Shell no garantiza inversión inmediata ni producción futura. Funciona más bien como una señal de mercado. El gas offshore venezolano vuelve a entrar en el radar global, pero no como proyecto soberano, sino como pieza de una arquitectura regional diseñada para mitigar riesgos y aprovechar sinergias existentes. En ese equilibrio entre oportunidad geológica y complejidad política se está definiendo buena parte del futuro energético del Caribe.
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