El crecimiento impulsado por la economía informal tensiona la recaudación, las proyecciones de demanda energética y la viabilidad financiera de Pemex y CFE; claves regulatorias.
Que ocho de cada diez pesos del crecimiento de 2025 provengan de actividades fuera del alcance del SAT y del IMSS no es sólo un problema fiscal: es una señal de fragilidad para la planificación energética. El panorama descrito por el ITESO —con un VAB informal que avanzó 2.3% frente a un PIB de 0.7% y una participación del sector informal equivalente a una cuarta parte de la producción— altera las bases sobre las que SENER, hacienda y los operadores eléctricos y petrolíferos calculan demanda, tarifas y proyectos de inversión.
Menos ingresos tributarios y aportaciones a la seguridad social reducen la capacidad fiscal para financiar inversión en infraestructura energética y para sostener transferencias a empresas productivas del Estado. Para Pemex y CFE, la combinación de menor recaudación y presiones políticas por mantener subsidios o inyecciones directas eleva el riesgo de que recursos dirigidos a inversión se redestinenn a cubrir déficits operativos. En contraste, la formalización incompleta deja sin efecto mecanismos de costo-beneficio relativos a grandes proyectos que dependen de flujos fiscales estables.
La estructura del empleo y la proliferación de micronegocios y freelancers cambian patrones de consumo: mayor uso de efectivo, actividad económica dispersa y crecimiento de unidades que pueden operar al margen de facturación energética formal. Ese comportamiento complica las previsiones de demanda eléctrica y de combustibles y puede incrementar pérdidas no técnicas y morosidad. Para CFE, los efectos se traducen en mayores costos de medición, cobrabilidad y mantenimiento; para Pemex, en volatilidad en la demanda de combustibles líquidos y en mayor exposición al mercado informal de distribución.
Un mercado informal más grande complica la aplicación de estándares técnicos y ambientales que supervisa ASEA y demás autoridades del sector hidrocarburos y energía. Instalaciones de generación distribuida, ventas de combustible al margen y servicios energéticos informales pueden operar fuera de normas y permisos, aumentando riesgos de seguridad, calidad y responsabilidad legal para terceros. La ausencia de la CRE como actor regulador previo obliga a SENER y a operadores como CENACE a ajustar su capacidad de detección y coordinación para medir y asumir estos desvíos.
Los inversionistas deben recalibrar supuestos en modelos financieros: elasticidad de la demanda más incierta, mayor probabilidad de intervención estatal vía transferencias o cambios en subsidios, y un crecimiento que no siempre se traduce en mayor consumo formal. Contrapartes informales aumentan riesgo crediticio en contratos de suministro y servicios; proyectos off-grid o de mini-redes enfrentan competencia no regulada que distorsiona precios y recuperaciones.
Si la economía formal no despega, la financiación de la transición energética —incentivos a renovables, programas de eficiencia y electrificación del transporte— queda comprometida. La informalidad puede retrasar la adopción de soluciones limpias o promover instalaciones fuera de normas que deterioren rendimientos y percepción del sector. Planes de expansión de la red y de inversión en gas natural requieren datos robustos de demanda que hoy están contaminados por actividad no registrada.
Para mitigar la tensión fiscal y operativa, las autoridades y empresas reguladas deben combinar medidas de formalización y ajuste regulatorio: simplificar trámites y regímenes fiscales para micronegocios energéticos, fortalecer la facturación electrónica y telemedición, desplegar campañas dirigidas para integrar freelancers en esquemas de seguridad social, y acelerar la identificación y regularización de puntos de suministro informal de combustibles. En paralelo, se requiere fortalecer la coordinación interinstitucional para que SENER, hacienda y operadores financieros incorporen la heterogeneidad del mercado en sus modelos de riesgo.
La informalidad que sostiene el crecimiento actual coloca a Pemex, CFE y a los reguladores ante un dilema: sostener operaciones y subsidios con una base fiscal erosionada o adaptar políticas para atraer a esos actores al mercado formal sin asfixiarlos. La decisión definirá no sólo la solidez de las finanzas públicas, sino la viabilidad y seguridad de la infraestructura energética en los próximos años.
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