La negociación de la Convención sobre Cooperación Fiscal de la ONU plantea un punto de inflexión para la recaudación en México, con consecuencias directas en inversión, deuda y decisiones estratégicas del sector energético.
Quedarse al margen de las negociaciones sobre una Convención de Cooperación Fiscal de la ONU implicaría para México aumentar su exposición a fugas de base imponible justo cuando la presión sobre deuda y gasto público se intensifica. La combinación entre una recaudación baja respecto al PIB y el aumento del costo de la deuda por tensiones geopolíticas convierte el resultado de esas conversaciones en una variable de riesgo macrofiscal con efectos directos sobre la política energética.
La discusión que se reanuda en agosto en Nueva York incluye propuestas que van desde la tributación de grandes fortunas hasta reglas más estrictas para multinacionales. Para México, que recaudó alrededor de 18.3% del PIB en 2024, la reforma de la arquitectura tributaria internacional no es un tema técnico periférico: puede cambiar la capacidad del Estado para financiar servicios públicos y la inversión en infraestructura, y alterar el reparto de cargas entre el sector privado y los recursos públicos.
En términos prácticos, una mayor eficiencia en la tributación de riqueza y utilidades intercompañía podría reducir la necesidad de financiar proyectos estratégicos con deuda o con ingresos petroleros volátiles. Sin embargo, la transición hacia nuevos arreglos fiscales implicará también costos de implementación: modernización de sistemas de información fiscal, intercambio automático de datos, mayor fiscalización y litigios internacionales que afectarán liquidez y decisiones de inversión de empresas energéticas y no energéticas.
Para Pemex y la CFE el efecto es doble. Por un lado, una mejora en la recaudación permitiría aliviar presiones fiscales que compiten con recursos para inversión en exploración, mantenimiento de infraestructura y modernización de redes. Por otro lado, cambios en las reglas internacionales sobre precios de transferencia y tributación efectiva pueden incidir en la estructura financiera de contratos, joint ventures y flujos de caja de filiales extranjeras vinculadas al sector energético.
Los inversionistas privados deberían anticipar un entorno de mayor escrutinio fiscal. Proyectos de infraestructura y energía renovable suelen depender de modelos financieros sensibles a impuestos y a la estabilidad regulatoria; cualquier percepción de mayor riesgo fiscal puede elevar el costo del capital y condicionar la viabilidad de nuevas licitaciones o ampliaciones de capacidad.
En el plano operativo, la autoridad fiscal nacional deberá incrementar capacidades técnicas para auditar estructuras complejas: especialistas en transferencia de precios, modelos de comercio intra-grupo, y análisis de beneficiarios efectivos. La fiscalización más intensa puede traducirse en mayor litigio y en la necesidad de reconfigurar contratos donde los pagos se indexan a indicadores de costo que la autoridad fiscal ahora pueda recomponer.
La negociación internacional también plantea retos regulatorios internos. México tendrá que alinear tratados, convenios y su marco normativo con eventuales estándares mínimos globales, lo que afectará el diseño de impuestos, exenciones y regímenes especiales que actualmente benefician a actividades relacionadas con hidrocarburos, gas y generación eléctrica.
Desde la perspectiva de seguridad energética, la relación es indirecta pero sustantiva: limitaciones fiscales pueden retrasar inversión en exploración, mantenimiento de campos o modernización de plantas y redes. Si el Estado no recupera margen fiscal, la opción será trasladar más costos al consumidor, reducir subsidios o priorizar proyectos con retorno rápido, decisiones que inciden en tarifas, confiabilidad y ambiciones de transición energética.
Para los reguladores y decisores públicos la recomendación estratégica es doble: participar activamente en la negociación internacional para defender modelos de carga fiscal justos y coordinados, y al mismo tiempo acelerar la modernización de la administración tributaria para capturar beneficios sin fracturar la confianza inversora. La ausencia de participación no es neutral; equivale a ceder terreno donde se definen reglas que después se importan al ordenamiento interno.
Las empresas reguladas deben revisar escenarios fiscales y contractuales; fortalecer compliance y preparar estrategias de defensa en caso de cambios abruptos en obligaciones tributarias. Inversionistas extranjeros y nacionales deben incorporar en sus modelos el potencial de mayores impuestos sobre renta efectiva y patrimonios elevados, y contemplar mecanismos de mitigación en los contratos.
La negociación en la ONU no es un episodio técnico aislado: es una palanca que puede expandir o limitar el espacio fiscal de México en los próximos años y, por ende, condicionar decisiones sobre deuda, inversión pública y privada, y la capacidad de garantizar suministro y modernización del sector energético. Actuar con anticipación y con una estrategia interinstitucional es una necesidad operativa y de riesgo nacional.
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