Pemex y autoridades capitalinas detectaron túneles conectados a un ducto de combustibles bajo un inmueble en la colonia Observatorio, Miguel Hidalgo. El caso revela la sofisticación del huachicol urbano, los riesgos para la seguridad de vecinos y la fragilidad de la infraestructura de Pemex en zonas densamente pobladas.
En plena alcaldía Miguel Hidalgo, a unos metros de la Preparatoria 4 de la UNAM, Pemex y autoridades capitalinas localizaron dos túneles excavados bajo una casa habitación en la colonia Observatorio, conectados a un ducto de combustibles que cruza la calle Gobernador M. González Calderón.
El operativo se concentró en el número 74 de Gobernador M. González Calderón, donde la Gerencia de Inteligencia Logística de Pemex identificó un túnel de aproximadamente 8 metros de profundidad y unos 6 metros de longitud hacia el ducto, además de otro conducto en construcción. A la par, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) acordonó la zona, mientras personal de Pemex continuaba verificando la caída de presión en la línea mediante excavaciones adicionales frente al predio contiguo.
Aunque se desplegaron unidades de Bomberos, Guardia Nacional y elementos de Seguridad Física de Pemex, las autoridades señalaron que no fue necesaria la evacuación de vecinos, al estimar que el olor a combustible era ligero y que la situación no representaba un riesgo inmediato para la población.
Vecinos de la zona aportaron un dato revelador: el inmueble funcionó hasta julio pasado como escuela de preescolar, que dejó de operar cuando los propietarios decidieron cerrarla; posteriormente, la casa se utilizó como vivienda en renta. Esa transición rápida de uso educativo a uso habitacional —y, presuntamente, a punto de extracción clandestina— habla de lo fácil que resulta camuflar operaciones de huachicol en entornos urbanos densos, donde el movimiento de personas y vehículos pasa inadvertido.
Los vecinos también relataron que, desde días antes del operativo, se percibían olores inusuales a combustible y ruidos extraños al interior del predio, lo que llevó a reportes formales y a la intervención de Protección Civil y Pemex. Esa secuencia —olor, reporte ciudadano, inspección técnica, hallazgo de túneles— confirma que, en contextos urbanos, la primera línea de detección no es el sistema de sensores del ducto, sino la comunidad que convive a centímetros de la infraestructura crítica.
El caso de Observatorio no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia preocupante de huachicol urbano mediante túneles excavados desde viviendas aparentemente normales, documentada previamente en municipios del Estado de México y otros puntos del país.
Lo que vuelve crítico este hallazgo es su localización:
Se trata de una colonia céntrica de la Ciudad de México, en una alcaldía donde también se ubican instalaciones estratégicas como la Torre Ejecutiva de Pemex y nodos clave de movilidad.
El ducto pasa debajo de calles densamente transitadas y rodeadas de viviendas, escuelas y comercios, lo que amplifica el riesgo en caso de fuga, explosión o incendio.
Cuando se habla de huachicol, la memoria colectiva suele ir a escenas rurales como Tlahuelilpan. Pero este caso confirma que el riesgo ya no está sólo en predios agrícolas o caminos de terracería: también se excavan túneles a 6–8 metros de profundidad en zonas urbanas consolidadas, donde cualquier incidente podría tener consecuencias masivas para la población.
Desde la perspectiva de seguridad energética y protección civil, Observatorio deja varias lecciones:
La necesidad de contar con mapas públicos y actualizados de ductos, al menos a nivel de planeación urbana, para evitar que la vivienda y el comercio se densifiquen sobre trazas de alto riesgo sin medidas especiales.
La relevancia de protocolos claros de coordinación entre Pemex, gobiernos locales, Guardia Nacional, FGR y autoridades educativas cuando se detectan anomalías en zonas con escuelas u hospitales.
La importancia de incorporar criterios de riesgo por infraestructura energética en la gestión del uso de suelo, licencias y regularización de inmuebles.
La narrativa oficial insiste en que el huachicol ha disminuido y en que Pemex no está en riesgo. Sin embargo, la aparición de túneles urbanos como el de Observatorio señala otra realidad: el delito se ha sofisticado y se adapta al entorno urbano, aprovechando la fragilidad de la vigilancia subterránea y la densidad de las ciudades.
Este tipo de eventos tiene implicaciones directas:
Para Pemex, porque cada nueva toma clandestina urbana erosiona la integridad de sus ductos y refuerza la narrativa de riesgo operativo que ya reconoce ante reguladores internacionales.
Para la CDMX y sus alcaldías, porque obliga a replantear la forma en que se superpone vivienda, equipamiento urbano e infraestructura energética, especialmente en colonias mixtas.
Para usuarios intensivos de combustibles y grandes consumidores urbanos, porque el huachicol no sólo implica pérdidas fiscales, sino potenciales interrupciones en el suministro formal cuando se detienen ductos para inspección o reparación.
El túnel de Observatorio no es sólo un caso de nota roja; es un síntoma de cómo el mercado ilícito de combustibles ha aprendido a operar debajo de la ciudad, literalmente, y de cómo la seguridad energética ya no se puede pensar sólo en ductos lejanos, sino en la calle donde viven, estudian o trabajan millones de personas.
En ese contexto, herramientas de IA Regulatoria como EnergiA pueden jugar un papel clave: cruzar geolocalización de ductos, incidentes de huachicol, densidad urbana y activos críticos para que empresas, aseguradoras, gobiernos locales y ciudadanía entiendan dónde están sus puntos ciegos y qué tan cerca tienen la próxima excavación clandestina.
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