Claudia Sheinbaum aseguró que el huachicol ha disminuido y que Pemex no está en riesgo, pese a que la propia empresa reconoció ante la SEC que el robo de combustibles y el entorno político son riesgos mayores. Analizamos qué dicen los datos sobre tomas clandestinas, huachicol fiscal y pérdidas acumuladas, y qué implica esta tensión para permisionarios, estaciones de servicio e inversionistas.
En la conferencia matutina del 19 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum se detuvo en un tema sensible para cualquier gobierno que presume orden financiero: el huachicol. Afirmó que “ha disminuido mucho” tanto el robo de combustible por picar ductos como el llamado huachicol fiscal, es decir, la entrada de petrolíferos al país sin pagar impuestos o con declaraciones falsas. Esa reducción, dijo, se refleja en mayores ventas de Pemex y de las gasolineras privadas, y por ello sostuvo que las operaciones de la petrolera “no están en riesgo”.
Sheinbaum matizó, sin embargo, que el huachicol “sí es un riesgo para las ventas de Pemex”, al reconocer que el delito no ha desaparecido. Pero insistió en que el combate no ha fracasado y que el balance neto del sexenio actual es de avance, no de retroceso.
El problema es que, mientras en Palacio Nacional se subraya la caída del huachicol, Pemex viene de advertir a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que el robo de hidrocarburos y el contexto político interno pueden afectar de forma significativa su operación, sus finanzas e incluso su capacidad de pago de deuda. Esa tensión entre discurso político y lenguaje regulatorio es el corazón de esta historia.
Para entender qué tanto “ha disminuido” el huachicol, hay que mirar la película completa, no sólo la foto que conviene.
Golpe inicial (2019)
Tras el cierre de ductos y el operativo masivo al inicio del gobierno anterior, Pemex registró una caída abrupta en el robo de combustible: se pasó de un promedio de 20.7 mil barriles diarios robados en 2018 a 6.4 mil en 2019. En términos de tomas clandestinas, también se observó una baja frente al pico de 2018.
Rebote y estabilización en niveles altos (2022–2024)
A partir de 2022, el delito repuntó:
2022: 13,832 tomas clandestinas.
2023: 14,890 tomas, 6.7 % más que 2022 y por encima de los niveles de 2018, según cifras obtenidas por transparencia y reportes de Pemex.
2024: Pemex reportó 11,774 tomas clandestinas, una disminución frente a 2023, pero todavía muy por encima de los años previos a la explosión del problema a inicios de la década pasada. En términos de volumen, el combustible robado subió a alrededor de 17 mil barriles diarios en 2024, un incremento de 10 % frente a 2023.
Balance sexenal y tendencia 2018–2025
Diversas investigaciones periodísticas con base en datos oficiales muestran que:
Entre enero de 2019 y febrero de 2025, Pemex detectó más de 81 mil tomas clandestinas.
El número acumulado de perforaciones ilegales durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador superó en más de 70 % al registrado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, aun cuando se argumenta que el volumen robado por toma es menor.
Es decir: sí hubo una reducción fuerte en los primeros años, pero luego vino un rebote y una estabilización en niveles de robo que siguen siendo significativos. Se roban menos barriles que en 2018, pero mucho más que en el “año de éxito” 2019, y en número de tomas clandestinas el acumulado sexenal ya rebasó todas las marcas históricas.
Cuando Sheinbaum dice que el huachicol ha disminuido, tiene detrás la comparación con 2018; cuando Pemex alerta a la SEC, se mira en el espejo de las cifras acumuladas y de la evolución reciente.
La presidenta diferenció dos tipos de huachicol:
Huachicol tradicional: perforaciones a ductos para ordeñar combustibles, con efectos directos en la integridad de la infraestructura, seguridad de comunidades y pérdidas operativas.
Huachicol fiscal: combustibles que entran al país sin pagar impuestos o con documentación falsa, usualmente vía aduanas y terminales marítimas.
En los últimos años, el gobierno endureció la vigilancia aduanera, cruzó datos de SAT, ANAM y Energeticos, y desmanteló algunas redes que subvaluaban importaciones o maquillaban calidad y volúmenes. Esto se ha traducido en:
Mayor formalización de ventas de Pemex y de estaciones reguladas, al desaparecer parte de la competencia desleal que ofrecía “litros más baratos” de origen dudoso.
Un tránsito de la demanda que antes se abastecía con combustible ilícito hacia el canal legal, cargando más peso sobre la red de suministro y sobre la logística de la propia Pemex.
El problema es que una baja en huachicol fiscal no neutraliza el impacto de miles de tomas clandestinas activas ni el riesgo permanente de nuevas perforaciones. Tampoco corrige, por sí sola, los cuellos de botella en inventarios, ductos y terminales que ya vimos en el análisis logístico.
En suma: el mercado ilícito muta, se reacomoda, y las cifras pueden mejorar en un frente y deteriorarse en otro, mientras la red de ductos y la gobernanza sobre permisos siguen enfrentando una presión constante.
El contraste más relevante no es sólo entre 2018 y 2025, sino entre lo que dice el gobierno a la opinión pública y lo que Pemex admite a sus reguladores financieros.
En su más reciente informe trimestral ante la SEC, la petrolera:
Reconoce que el robo de combustible y el comercio ilegal de hidrocarburos —incluido el huachicol fiscal— siguen generando riesgos de incendios, explosiones, daños ambientales, pérdidas de vida y afectaciones financieras.
Admite que las acciones emprendidas “no han producido mejoras sostenidas en los últimos años”, señalando todavía decenas de miles de tomas clandestinas recientes.
Ubica el huachicol y el entorno político —incluida la concentración del poder y posibles reformas— como factores que pueden tener impacto adverso significativo en su negocio, situación financiera y capacidad de pago de deuda.
Desde el punto de vista de un inversionista, banco o aseguradora, hay tres mensajes que leer en paralelo:
Mensaje presidencial: el problema está “bajo control”, las ventas suben y la operación no está en riesgo.
Mensaje regulatorio de Pemex: el problema no ha desaparecido, genera riesgos materiales, y la empresa tiene que advertirlo para no incurrir en omisiones ante la SEC.
Mensaje de los datos: el huachicol es hoy distinto al de 2018, con más presencia de sofisticación fiscal y redes diversificadas, pero el nivel agregado de perforaciones y pérdidas sigue siendo elevado.
La brecha entre narrativa política y memoria regulatoria no es un asunto sólo de percepción: es un indicador de riesgo reputacional y de gobernanza, que los actores financieros incorporan en sus modelos.
Para permisionarios de expendio y estaciones de servicio, la lectura del mensaje de Sheinbaum no puede ser ingenua:
Una reducción real del huachicol fiscal es buena noticia: limpia competencia, empuja a la formalidad y abre espacio para que quienes cumplen con normas y pagan impuestos no compitan contra precios imposibles.
Pero la persistencia de tomas clandestinas y del mercado ilícito genera tres riesgos:
Interrupción logística por cierre de ductos y reconfiguración de rutas.
Riesgo reputacional para estaciones vinculadas —incluso sin saberlo— a proveedores que mezclan producto lícito con combustible de origen ilegal.
Mayor escrutinio regulatorio de autoridades fiscales, energéticas y de seguridad.
Para distribuidores, comercializadores y banca, el mensaje clave es de gestión de riesgo:
El hecho de que la presidenta insista en que Pemex “no está en riesgo” no elimina el deber de los intermediarios de leer lo que Pemex reporta a la SEC, a sus acreedores y a sus aseguradoras.
Una cartera de crédito, una línea de financiamiento o un contrato de suministro deben incorporar que:
El huachicol sigue siendo un riesgo operativo y financiero relevante,
El entorno normativo puede cambiar por reformas que alteren permisos, importaciones o controles,
Y que la presión sobre las finanzas públicas limita el margen para absorber pérdidas sin afectar inversión o mantenimiento.
Para el usuario intensivo de combustibles —transportistas, construcción, agricultura, industria—, esta discusión se traduce en algo muy concreto:
El precio estable y la disponibilidad de producto dependen de que la red legal funcione sin filtraciones masivas.
El fin del huachicol “barato” obliga a recalibrar presupuestos, pero también abre margen para exigir mayor transparencia en costos logísticos, márgenes y calidad.
La verdadera señal de madurez del sistema no será si el gobierno repite que “el huachicol ha disminuido”, sino si los datos de tomas clandestinas, pérdidas y decomisos se integran de forma sistemática a la planeación regulatoria, de inversiones y de seguridad.
Ahí es donde una plataforma como AI Regula Solutions puede hacer diferencia: poner en el mismo tablero narrativa política, datos duros y obligaciones regulatorias, para que los actores del sector tomen decisiones con algo más que discursos de mañanera.
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