México desaprovecha su red de gasoductos; transporte por pipas encarece costos y eleva riesgos, mientras crece el robo de combustibles.
La red nacional de gasoductos opera a la mitad de su capacidad, pese a ser el medio más seguro y económico. La preferencia por pipas, el robo de combustibles y la falta de interconexión elevan costos y riesgos para la seguridad energética.
México cuenta con más de 19,000 kilómetros de gasoductos, pero solo utiliza la mitad de su capacidad. En algunos tramos, como el Veracruz-Guadalajara, la inactividad alcanza el 90%. Esta subutilización encarece el transporte de gas hasta 17 veces frente al costo por ducto, impactando directamente en los precios que pagan hogares e industrias.
La explosión en Tlahuelilpan marcó un antes y un después: el miedo a nuevas tragedias, sumado a la falta de vigilancia y a la corrupción en aduanas, llevó a priorizar el transporte por carretera. Hoy, el 80% del gas se mueve en pipas, pese a que el país enfrenta un repunte en el robo de combustibles y accidentes fatales, como la explosión en Iztapalapa que dejó 29 muertos.
El robo de Gas LP se duplicó en 2025, con pérdidas de 1,440 millones de pesos en el primer trimestre. Las tomas clandestinas siguen creciendo en estados como Puebla, Hidalgo y Veracruz, donde operan células del crimen organizado. Cada litro robado no solo golpea las finanzas públicas, también alimenta redes criminales que se infiltran en la cadena logística.
Mientras la CFE promete elevar el uso de ductos al 84% para 2025, el gobierno impulsa megaproyectos como el Puerta al Sureste y el Sierra Madre, que sumarán más de 1,500 kilómetros y 4,000 millones de pies cúbicos diarios de capacidad. Sin embargo, expertos advierten que sin seguridad y trazabilidad, la infraestructura seguirá siendo un elefante blanco.
Tras la tragedia en Iztapalapa, la Comisión Nacional de Energía impuso nuevas reglas: todas las pipas deberán portar GPS activo, códigos QR y balizado reflectante, además de reportar cada movimiento en tiempo real. El objetivo: frenar el huachicol fiscal y reducir riesgos, aunque el costo de cumplimiento podría superar los 130,000 pesos por unidad.
México necesita duplicar su red de gasoductos para garantizar seguridad energética y aprovechar el nearshoring. Pero mientras la política pública no resuelva la corrupción, el robo y la falta de incentivos, el país seguirá pagando más por un servicio que ya tiene, pero no usa.
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