En su más reciente informe a la SEC, Pemex reconoce que el huachicol físico y fiscal sigue sin control y alerta sobre la concentración del poder político en México como un riesgo para su deuda, sus operaciones y la estabilidad del sector energético. Qué significa esto para gasolineras, ductos, traders, banca e inversionistas.
En su informe trimestral remitido el 12 de noviembre al regulador bursátil de Estados Unidos, Pemex dejó de maquillar un tema incómodo: el robo de combustibles y la violencia asociada no son un problema residual, sino un riesgo estructural para su operación, sus finanzas y su capacidad de pagar deuda en los próximos años. A ello sumó una advertencia poco usual en el lenguaje corporativo: la concentración del poder político en México puede agravar la incertidumbre regulatoria y económica para la petrolera del Estado.
En el documento, la empresa reconoce que sus operaciones siguen expuestas a actos delictivos que van desde la extracción ilegal en ductos y la manipulación de combustibles hasta el robo de materiales y equipos en su red de transporte. Pemex admite que las estrategias coordinadas con el Gobierno de México para contener el mercado ilícito de combustibles no han generado mejoras sostenidas: en 2023 se detectaron casi 14,900 tomas clandestinas y en 2024 todavía se contabilizaron más de 11,700, una reducción insuficiente si se compara con el tamaño del sistema de ductos y del mercado nacional de combustibles.
La petrolera reconoce que estas actividades ilícitas provocan incendios, explosiones, daños a instalaciones y afectaciones al medio ambiente, además de pérdidas de vidas humanas y de ingresos por los volúmenes sustraídos. De manera significativa, el informe también admite el riesgo de que empleados o servidores públicos puedan estar involucrados —o ser percibidos como involucrados— en el mercado ilícito de combustibles, un guiño indirecto a las investigaciones sobre redes de huachicol físico y fiscal con participación de funcionarios de seguridad y aduanas.
En la misma comunicación, Pemex coloca en el mismo nivel de preocupación otro factor: la actual correlación de fuerzas políticas en México. La empresa subraya que el Gobierno en turno cuenta con mayoría calificada en el Congreso, lo que le permitiría impulsar reformas constitucionales capaces de modificar de forma sustantiva el entorno económico, regulatorio y operativo de la petrolera. La “concentración del poder político”, advierte Pemex, podría tener un impacto adverso significativo en sus resultados y en su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
A esto se suma un recordatorio que no es menor para los mercados: aunque hoy no existen controles cambiarios estrictos, Pemex está obligada a operar divisas a través del Banco de México, y un cambio de política cambiaria podría complicar el pago de deuda denominada en dólares y otras monedas. En un contexto de deuda financiera superior a los 97–100 mil millones de dólares y pérdidas recurrentes, el mensaje a la SEC es claro: la estabilidad de Pemex depende tanto del combate al crimen como de la forma en que el poder político ejerza su margen de maniobra en los próximos años.
Más allá de las cifras internas de la empresa, el entorno confirma la magnitud del problema. En los primeros nueve meses de 2025, las pérdidas de Pemex por robo de combustibles superaron los 20 mil millones de pesos, con un incremento de alrededor de 35% respecto al año previo. El huachicol físico se expresa en tomas clandestinas a ductos y conexiones ilegales en zonas rurales y periurbanas; el huachicol fiscal opera a través de importaciones subvaluadas o mal clasificadas, que evaden el IEPS y otros controles aduaneros.
Mientras la empresa reconoce antes la SEC que la actividad delictiva “es probable que persista”, el Estado mexicano reporta decomisos de cientos de miles de litros de combustible robado en operativos recientes, especialmente en estados como Tabasco, donde se han asegurado contenedores, vehículos y centros de acopio de hidrocarburos ilegales.
En paralelo, el contrabando técnico de combustibles —el llamado huachicol fiscal— se ha convertido en un boquete multimillonario para las finanzas públicas, con estimaciones que lo ubican en alrededor de 177 mil millones de pesos anuales, equivalentes a más de 9 mil millones de dólares. Este fenómeno no solo erosiona los ingresos tributarios y las ventas de Pemex, sino que distorsiona completamente la competencia: los actores ilegales pueden ofrecer combustibles por debajo de los precios de mercado, presionando márgenes de estaciones formales, distribuidores y comercializadores que sí cumplen con las NOMs y con la regulación fiscal.
Desde la óptica de riesgos, el mensaje del filing a la SEC puede leerse así: Pemex admite que opera en un entorno donde la convergencia de crimen organizado, evasión fiscal y debilidad de controles logísticos y aduaneros sigue siendo una amenaza viva para la continuidad del negocio. Y lo más relevante para el sector privado es que esta combinación de huachicol físico y fiscal no solo afecta a la empresa productiva del Estado, sino a toda la cadena: contratos de suministro, calidad del producto, seguridad operacional y estabilidad regulatoria.
La advertencia ante la SEC llega en un momento en que el marco regulatorio del sector energético mexicano está en plena reconfiguración. Por un lado, la Comisión Nacional de Energía dejó sin efectos la regulación aplicable a las ventas de primera mano y la regulación asimétrica que limitaba el poder de mercado de Pemex, abriendo una nueva etapa en la que la petrolera puede fijar condiciones comerciales con mucha mayor libertad frente a sus contrapartes privadas.
Esta decisión se suma a un cambio de tono regulatorio que ya venía desde la eliminación de diversos acuerdos de la CRE que habían sido diseñados para favorecer la entrada de nuevos jugadores en combustibles. Bajo esta nueva arquitectura, Pemex recupera un rol dominante en ventas mayoristas, mientras que los instrumentos que apuntaban a contener su poder sustancial de mercado quedan desactivados o debilitados.
Al mismo tiempo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) mantiene y refuerza un conjunto de Normas Oficiales Mexicanas y disposiciones de seguridad industrial, operativa y ambiental que recaen directamente sobre ductos, terminales, estaciones de servicio y sistemas de transporte de petrolíferos y gas LP. Cada incidente derivado de tomas clandestinas o instalaciones irregulares —explosiones, derrames, incendios— dispara obligaciones de reporte, reparación, mitigación y, en muchos casos, sanciones administrativas y penales.
La paradoja es evidente: mientras el andamiaje de competencia y regulación asimétrica se flexibiliza para Pemex, el entorno de seguridad industrial y ambiental se endurece para toda la cadena, incluida la propia empresa del Estado. Para los operadores privados, esto implica navegar un doble frente: por un lado, negociar contratos en un mercado donde Pemex concentra de nuevo más poder; por otro, cumplir con un régimen técnico-ambiental cada vez más exigente en un contexto de crimen organizado y huachicol persistente.
Desde la lógica de Norma NOM 2.0, el mensaje es claro: el riesgo de incumplimiento regulatorio no proviene solo de lo que haga una empresa interna, sino de lo que ocurre en su entorno territorial y logístico. Un ducto vulnerado cerca de una terminal, un embarque contaminado por producto robado o una cadena de suministro mezclada con huachicol fiscal pueden activar obligaciones y sanciones aun para operadores que están aparentemente “en regla”.
La carta de riesgos que Pemex presenta a la SEC no es un ejercicio abstracto de disclosure financiero; es, en la práctica, un espejo de los riesgos que enfrentan permisionarios, estaciones de servicio, transportistas, traders, almacenadores y la propia banca que financia proyectos vinculados a la empresa.
Para los permisionarios de expendio y transporte, el reconocimiento de que el robo de combustibles puede seguir interrumpiendo el suministro implica una mayor probabilidad de cortes, desabasto regional y volatilidad en los costos logísticos. Un aumento inesperado en el uso de autotanques, desviaciones de rutas por zonas de riesgo o la necesidad de contratar seguridad privada pueden comerse los márgenes de operación de gasolineras y distribuidoras medianas.
Los traders y comercializadores que tienen a Pemex como contraparte enfrentan otro tipo de exposición: si la empresa reconoce públicamente presiones severas de liquidez y depende de apoyos recurrentes del Gobierno para refinanciar vencimientos de deuda, la lectura automática de bancos y fondos es un incremento en el riesgo de crédito y en el costo de capital para toda la cadena relacionada.
Del lado bancario, el filing obliga a revisar matrices de riesgo país, riesgo sectorial y riesgo de contraparte. Si el entorno político permite cambios constitucionales rápidos y potencialmente disruptivos, la valuación de activos energéticos —ductos, terminales, carteras de estaciones, contratos de suministro— se vuelve más sensible a decisiones tomadas en el Congreso que a fundamentos puramente operativos. Una eventual reforma que altere reglas de importación, almacenamiento, participación privada o despacho eléctrico puede convertir en “activos varados” inversiones estructuradas a diez o quince años.
En términos de modelos de riesgo como los que simularía EnergiA 2.0, el mapa se complica por tres vectores que ahora quedan explicitados: inseguridad física en la infraestructura, volatilidad regulatoria y fragilidad financiera de la empresa ancla del sistema. Cualquier stress test serio que hagan bancos o grandes consumidores energéticos deberá incorporar estos tres factores en su análisis de escenarios.
El reconocimiento de Pemex ante la SEC sobre el huachicol y la concentración del poder político no es solo una nota de coyuntura; es una señal de que el riesgo regulatorio y político de México se está reescribiendo desde el corazón de su empresa emblema. Para inversionistas y usuarios intensivos de energía —cementeras, siderúrgicas, automotrices, agroindustria, data centers— esto obliga a pasar de la anécdota al tablero de control.
Por un lado, la persistencia del mercado ilícito de combustibles presiona la competitividad de quienes compran en el canal formal. Mientras una fracción del mercado se abastezca con producto robado o de contrabando, las empresas que cumplen con impuestos, NOMs y estándares ambientales compiten en desventaja en precio, aun si son más eficientes en logística o servicio.
Por otro lado, la combinación de un Pemex con alta deuda, apoyos públicos recurrentes y mayor libertad comercial, en un contexto político de mayorías calificadas, genera un entorno donde los cambios regulatorios pueden ser simultáneamente más rápidos y menos previsibles. El fin de la regulación asimétrica es un ejemplo de cómo decisiones administrativas pueden reordenar el mercado de combustibles en cuestión de meses, alterando el equilibrio construido durante casi una década.
Para los usuarios intensivos de energía, el reto ya no es solo negociar buenos contratos de suministro, sino construir una verdadera estrategia de gestión de riesgo regulatorio y político. Esto implica monitorear con lupa lo que Pemex comunica a inversionistas internacionales, lo que el Congreso discute en materia de energía y competencia, y lo que autoridades como ASEA, CNE, CRE y el SAT ajustan en materia de seguridad, mercado y fiscalización.
En ese contexto, las empresas que tomen ventaja serán las que logren traducir los párrafos del filing de Pemex a la SEC en decisiones operativas concretas: diversificar fuentes de suministro, blindar contratos con cláusulas de fuerza mayor y cambio regulatorio, incorporar métricas de huachicol y riesgo político en sus tableros ejecutivos, y usar herramientas de inteligencia regulatoria e IA para anticipar dónde se cruzan, en su propia cadena, el crimen, la regulación y la política.
El mensaje de fondo es incómodo pero nítido: cuando la propia petrolera del Estado reconoce que el huachicol y la concentración del poder político son riesgos materiales para su negocio, seguir operando como si nada hubiera cambiado ya no es una opción seria para nadie en el sector energético mexicano.
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