La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas se reunió con CFE para impulsar la reclasificación de tarifas domésticas con base en temperaturas reales. Te explico cómo se calculan hoy las tarifas 1–1F, qué está pidiendo el estado, qué implicaría para los recibos de luz y por qué esto se cruza con justicia energética, nearshoring y finanzas del sector eléctrico.
Tamaulipas decidió llevar la pelea por el recibo de luz al terreno técnico. La Secretaría de Desarrollo Energético del estado (SEDENER) se sentó con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para abrir un expediente incómodo pero inevitable: las tarifas domésticas que pagan las familias no siempre reflejan el calor real que viven en verano.
En una reunión celebrada en Tampico, el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón, encabezó los trabajos con el gerente de la División Golfo Centro de CFE, Tomás Bourjac, y otros funcionarios de la empresa. El objetivo declarado fue claro: analizar la reclasificación de las tarifas eléctricas en Tamaulipas para acercarlas a las condiciones climáticas que experimentan sus ciudades, particularmente en temporada de calor.
El mensaje político que SEDENER está enviando es directo: el gobierno de Américo Villarreal quiere colocarse como interlocutor activo entre las familias tamaulipecas y la arquitectura tarifaria federal, en lugar de limitarse a reaccionar a cada ola de calor y a cada boleta de inconformidad por altos consumos.
Pero detrás de la narrativa de “tarifas justas” hay una mecánica fina, poco entendida incluso por usuarios industriales: las tarifas domésticas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F no se asignan al azar, sino en función de temperaturas medias de verano registradas en estaciones de la CONAGUA y validadas por la CFE y la Secretaría de Hacienda.
El corazón del problema está en el diseño de las tarifas domésticas. Hoy, para uso residencial, México opera un esquema que distingue entre:
Tarifa 1 (básica): zonas sin temperaturas extremas definidas.
Tarifas 1A a 1F: zonas cada vez más calientes, que reciben más subsidio y umbrales de consumo más elevados antes de caer en tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo).
La lógica oficial es la siguiente:
CONAGUA mide la temperatura
Las estaciones meteorológicas de la Comisión Nacional del Agua registran temperaturas medias mensuales. Se observa el semestre más cálido (en verano) y se calcula la temperatura media mensual en verano.
CFE hace el primer cálculo regional
Las gerencias divisionales de CFE toman esas temperaturas oficiales y, con base en reglas predefinidas, determinan qué municipios califican para las distintas tarifas. Por ejemplo, para acceder a tarifas más favorecidas (1D, 1E, 1F) se requieren temperaturas medias de verano de alrededor de 31, 32 o 33 °C, sostenidas por varios años, no sólo un verano atípico.
Hacienda valida la tarifa final
Con esa información, CFE remite las propuestas de zonas tarifarias a oficinas centrales. Allí, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se emiten los acuerdos que fijan la tarifa final aplicable. Ahí es donde se equilibra la ecuación más política: qué tanto subsidio se otorga sin desfondar las finanzas del sector eléctrico y del propio presupuesto federal.
La consecuencia es que una ciudad con temperaturas similares a zonas 1E–1F, pero con estaciones mal ubicadas, insuficientes o con series históricas incompletas, puede quedarse anclada en una tarifa más cara, pese a que sus habitantes usan aire acondicionado como si vivieran en la costa más caliente del país.
Eso es, precisamente, lo que Tamaulipas está poniendo sobre la mesa: ¿las estaciones de medición y las series de datos reflejan la realidad térmica actual del estado o se quedaron en un clima que ya no existe?
El gobierno estatal no está pidiendo “tarifa barata por decreto”, sino que se reevalúen los criterios técnicos y las zonas climáticas con las que se clasifican municipios como Ciudad Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros o la zona conurbada del sur.
En términos prácticos, una reclasificación hacia tarifas más altas en la escala climática (por ejemplo, acercarse a 1E o 1F) implica dos cosas para las familias:
Más kWh subsidiados antes de caer en tarifa DAC
Cada tarifa tiene un límite de consumo mensual antes de que el usuario sea considerado de “alto consumo”. En tarifas más calientes, ese límite es mayor. Para los hogares que dependen del aire acondicionado buena parte del año, esto puede ser la diferencia entre pagar una tarifa residencial con subsidio o caer de lleno en DAC, donde el costo por kWh se multiplica.
Un costo por kWh base más bajo en los bloques de consumo iniciales
El esquema de tarifas climáticas se diseñó para reconocer que en zonas muy calientes el aire acondicionado no es un lujo, sino una necesidad. Por eso el subsidio es más generoso, siempre que el usuario se mantenga dentro de umbrales razonables.
Para un hogar en Tamaulipas que hoy está en una tarifa intermedia, el paso a una tarifa más favorecida podría representar cientos o miles de pesos menos por bimestre, dependiendo de su nivel de consumo, el tipo de equipo que utiliza y el aislamiento de la vivienda.
Desde el punto de vista del estado, la apuesta es doble: aliviar el bolsillo de las familias y, al mismo tiempo, construir una narrativa de “justicia energética” en un contexto de olas de calor más extensas y frecuentes.
Detrás de cada reclasificación tarifaria hay una tensión de fondo:
Para las familias y gobiernos estatales, la prioridad es bajar la factura eléctrica en climas extremos y evitar que los hogares caigan masivamente en tarifa DAC.
Para Hacienda y el sector eléctrico, el foco está en contener el costo del subsidio, que ya absorbe decenas de miles de millones de pesos al año, y mantener la sostenibilidad financiera de CFE.
Tamaulipas se suma a una lista de estados del norte y noreste que han exigido revisión de tarifas, argumentando que el esquema actual fue diseñado con un clima que ya no corresponde a la realidad de 2025. El aumento de días con temperaturas por arriba de 35 °C, las noches tropicales (mínimas elevadas) y la urbanización acelerada han modificado la sensación térmica real en ciudades donde antes sólo se hablaba de calor seco o calor estacional.
Esta discusión, además, llega en un momento en que:
México está ajustando su planeación eléctrica bajo una lógica más centralizada.
La agenda de nearshoring coloca al norte y noreste como regiones clave para inversión industrial, donde el costo de la energía es un factor de competitividad.
La narrativa de transición energética convive con la urgencia de garantizar acceso asequible a la electricidad para hogares que ya no pueden prescindir del aire acondicionado.
El reto para el gobierno federal será demostrar que puede ajustar tarifas por razones climáticas y de justicia energética, sin abrir un boquete fiscal inmanejable ni enviar señales de riesgo a inversionistas del sector eléctrico.
La reclasificación de tarifas no se decide en redes sociales ni en conferencias de prensa; se gana con datos, estaciones de medición bien ubicadas y expedientes técnicos sólidos.
Para los gobiernos estatales y municipales, esto significa:
Revisar la densidad y ubicación de estaciones de CONAGUA que alimentan las series de temperatura con las que se calculan las tarifas.
Promover estudios climáticos que documenten la evolución de temperaturas en la última década.
Mantener un diálogo técnico permanente con CFE y Hacienda, más allá de coyunturas políticas.
Para las empresas y usuarios intensivos de energía (centros comerciales, hospitales, parques industriales, hotelería, data centers):
Entender en qué tarifa están sus instalaciones y modelar escenarios de reclasificación (por ejemplo, qué pasa si sus empleados o clientes residen en municipios que pasan a 1E o 1F).
Analizar la combinación de eficiencia energética, autogeneración y optimización de demanda en un contexto donde el subsidio podría cambiar.
Incorporar en sus análisis de localización y expansión no sólo el precio actual, sino la probabilidad de que su región obtenga una reclasificación favorable o se quede rezagada.
Para los hogares, la ventana de oportunidad está en dos frentes:
Participar en la discusión pública con información, no sólo con quejas en redes. Entender qué consumos los llevan a DAC, qué aparatos consumen más y qué podrían optimizar si la tarifa mejora.
Aprovechar una eventual reclasificación para hacer cambios estructurales: sustituir equipos ineficientes, mejorar aislamiento, instalar sistemas de control, antes de que la curva de consumo vuelva a empujarlos hacia tarifas más altas.
La discusión que hoy impulsa Tamaulipas con CFE es un primer paso. Lo que determinará si se convierte en un caso de éxito de justicia energética o en otra promesa olvidada será la capacidad de todos los actores —federación, estados, municipios, CFE, usuarios— de pasar del reclamo general a la precisión técnica y a la planificación de largo plazo.
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