En México operan decenas de miles de patios de autoconsumo de combustibles y apenas unos cientos cuentan con permiso oficial. Esto abre un frente de riesgo regulatorio, fiscal y operativo para transportistas, flotilleros e industria. Te explicamos qué está pasando, qué exige hoy la regulación y por qué 2025–2027 serán los años clave para regularizar o apagar instalaciones.
En México hay un mercado que mueve millones de litros de diésel y gasolina todos los días, pero casi nunca aparece en el debate público: los patios de autoconsumo. Son los sitios donde empresas de transporte, construcción, logística o agroindustria almacenan y despachan combustibles exclusivamente para sus propias unidades, sin vender al público.
En el papel, esta figura permite mayor control logístico y ahorros en costos. En la práctica, se ha convertido en un territorio gris: según cifras difundidas en foros técnicos y por especialistas del sector, se estiman decenas de miles de instalaciones en operación y apenas unos cientos regularizadas formalmente ante la autoridad energética.
La conferencia “Cómo regular los patios de autoconsumo de diésel en México”, impartida por Alicia Zazueta Payán, CEO de E-services, en Expo Transporte ANPACT 2025, puso un número brutal sobre la mesa: de alrededor de 60 mil patios estimados, sólo 352 cuentan con respaldo regulatorio formal. Para el resto, la palabra clave es vulnerabilidad: vulnerabilidad fiscal, regulatoria, ambiental y, en muchos casos, penal.
La advertencia de Zazueta fue directa:
“Los que sí se regularicen son los que van a sobrevivir; los demás, si no cumplen con toda esta regulación, van a estar en riesgo.”
Lo que está en juego no es sólo un permiso: son contratos con clientes ancla, continuidad operativa de flotas, acceso a financiamiento y reputación corporativa.
Durante años, los patios de autoconsumo vivieron bajo una lógica casi doméstica: la regulación se limitaba a protección civil estatal o municipal, dictámenes de seguridad básicos, y poco más. Mientras el mercado de estaciones de servicio se profesionalizaba, el autoconsumo permaneció como una “zona de excepción”, con mucha discrecionalidad y pocas inspecciones sistemáticas.
Esa etapa está terminando. Hoy convergen tres vectores que cambian radicalmente el tablero:
El ángulo fiscal y controles volumétricos
El Servicio de Administración Tributaria exige que quienes manejan hidrocarburos y petrolíferos para autoconsumo o usos propios lleven controles volumétricos y utilicen complementos específicos en sus comprobantes electrónicos. Esto significa que el volumen recibido, almacenado y despachado debe cuadrar con los XML y JSON reportados mes a mes. Cualquier inconsistencia abre la puerta a auditorías, determinaciones presuntivas de impuestos e incluso bloqueos de sellos digitales.
La formalización del permiso de expendio para autoconsumo
La figura ya no vive sólo en reglamentos dispersos: la Ventanilla de Energía de SENER incluye el trámite definido de “permiso de expendio en estación de servicio para autoconsumo de petrolíferos”, con requisitos, plazos y costos claros. Quien despacha sin este permiso, en instalaciones que rebasan ciertos volúmenes, queda fuera de la legalidad.
La nueva mirada del regulador energético
Mientras la CRE dejó de ser protagonista en el discurso público, su legado regulatorio en petrolíferos sigue vigente: lineamientos sobre transporte, almacenamiento, distribución y expendio, así como registros de permisos definitivos por modalidad. Esa matriz de información hace cada vez más difícil “esconder” instalaciones de autoconsumo a gran escala.
El resultado es una tormenta perfecta para empresas que construyeron patios con lógica informal y hoy operan flotas de decenas o cientos de unidades: el mismo activo que antes era una ventaja logística, ahora puede ser interpretado por la autoridad como un foco de evasión fiscal, riesgo ambiental y falta de control sobre hidrocarburos.
La narrativa de Expo Transporte ANPACT 2025 lo dejó claro: regularizar un patio de autoconsumo no es llenar un formato y pagar una multa simbólica, sino construir un expediente técnico–jurídico completo.
En términos generales, las exigencias se agrupan en tres capas:
1. Capa territorial y urbana
Las empresas deben obtener o actualizar:
Licencia de uso de suelo acorde a actividad de almacenamiento y despacho de combustibles.
Deslinde municipal y alineamientos que definan distancias a viviendas, escuelas, hospitales y otras instalaciones sensibles.
Vistos buenos de Protección Civil que acrediten rutas de evacuación, equipos contra incendio y planes de emergencia.
Sin estos documentos, cualquier inspección puede terminar con clausura inmediata, independientemente de que el tanque sea nuevo o cuente con tecnología de punta.
2. Capa técnica y de ingeniería
La regularización exige respaldar el patio con estudios y proyectos formales:
Estudio de topografía, que defina pendientes, escurrimientos y condiciones del terreno.
Estudio de mecánica de suelos, clave para tanques enterrados o estructuras de gran peso.
Proyecto ejecutivo completo, con planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos y de tuberías, así como memoria descriptiva de operación.
Esta documentación no sólo responde a la CRE o a SENER; también alimenta la evaluación de riesgos de aseguradoras, autoridades ambientales y, en muchos casos, de la propia cadena de suministro de combustibles.
3. Capa de permisos energéticos y obligaciones fiscales
En paralelo, el patio debe estar alineado con:
El permiso de expendio en estación de servicio para autoconsumo, emitido por la autoridad energética competente.
Las obligaciones de controles volumétricos y complementos específicos en CFDI para autoconsumo y usos propios.
La correcta clasificación de la operación para evitar que una figura de autoconsumo sea usada, en los hechos, como un expendio encubierto a terceros.
Lo que hasta hace poco se resolvía con un “tanque más grande” y una caseta de despacho, hoy requiere un modelo de gestión regulatoria y de riesgos.
Los patios de autoconsumo se han convertido en un pilar silencioso del transporte de carga, el autotransporte de pasajeros, la construcción de obra pesada y la logística de última milla.
Muchas empresas crecieron sobre la base de tener “la bomba en casa”: cargar de madrugada, evitar filas en estaciones, controlar tiempos muertos y negociar directamente con comercializadores mayoristas. En términos de competitividad, esto tuvo sentido durante años.
El problema es que, al mismo tiempo, se configuró un ecosistema donde:
No siempre se verificó la procedencia fiscal del combustible.
No existía claridad en la capacidad autorizada de tanques y sistemas de despacho.
La documentación de uso de suelo, protección civil y permisos energéticos se dejó para después.
Hoy, cuando la discusión pública gira en torno al huachicol, el huachicol fiscal y la evasión de IEPS, el gobierno federal y los estados ven en estos patios una pieza clave para cerrar la pinza: si un autoconsumo recibe diésel subvaluado, sin controles volumétricos claros o sin permiso, la cadena de omisiones se vuelve más difícil de defender.
Desde la óptica de riesgo empresarial, la frase “llevo años operando así y nunca ha pasado nada” dejó de ser un argumento.
Uno de los mensajes más relevantes de Alicia Zazueta en Expo Transporte fue la invitación a que las empresas hagan un diagnóstico frío y honesto de sus patios:
¿La ubicación actual puede cumplir con uso de suelo y deslinde municipal?
¿El diseño físico de la instalación soporta un proyecto ejecutivo serio o habría que reconstruir desde cero?
¿El modelo de negocio soporta el costo de regularizar o es mejor migrar a otras soluciones (contratos con estaciones o distribuidores, por ejemplo)?
En algunos casos, la respuesta será clara: regularizar vale la pena porque el patio es estratégico, tiene espacio suficiente, está bien ubicado y soporta el costo de inversión.
En otros, la conclusión será incómoda pero racional: es mejor apagar el patio y reconfigurar la logística que exponerse a clausuras, multas, embargos de cuentas o cuestionamientos penales.
Para quienes ya cuentan con permiso, el reto es distinto: realizar auditorías periódicas de cumplimiento, actualizar estudios, mantener capacitación continua del personal y verificar que los controles volumétricos y la trazabilidad con proveedores sigan alineados con las nuevas reglas fiscales y técnicas.
Una empresa de transporte, construcción o logística que quiera seguir jugando en las grandes ligas tiene hoy tres tareas ineludibles:
Inventariar todas sus instalaciones de autoconsumo y usos propios, con datos mínimos: ubicación, capacidad, productos, contratos de suministro, situación documental.
Cruzar ese inventario con la matriz regulatoria: permisos de autoconsumo vigentes, licencias locales, cumplimiento fiscal y obligaciones de seguridad industrial.
Priorizar un plan de acción: qué patios regularizar primero, cuáles reubicar, cuáles cerrar, y qué indicadores de riesgo monitorear.
Aquí es donde una plataforma de IA Regulatoria como EnergiA, alimentada con un dataset sólido de permisos oficiales de autoconsumo, controles volumétricos y normatividad aplicable, se convierte en una diferencia competitiva: permite mapear el riesgo de cada patio y anticipar escenarios de fiscalización, inspección y sanción antes de que sea demasiado tarde.
El mensaje de fondo es contundente:
En 2025, seguir operando patios de autoconsumo “como siempre” ya no es una estrategia; es una apuesta de alto riesgo en un tablero donde la autoridad tiene cada vez más datos y mejores herramientas para conectar puntos.
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