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Energía
La nueva regulación de hidrocarburos reduce la vigencia de permisos de estaciones de servicio, generando incertidumbre y riesgo en la inversión.
La industria gasolinera mexicana enfrenta un momento decisivo. La reciente modificación en la regulación de hidrocarburos, que reduce la vigencia de los permisos para estaciones de servicio de 30 a solo 10 años, ha encendido las alertas entre inversionistas, empresarios y asociaciones del sector. Esta medida, impulsada por la transición de facultades desde la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) hacia la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE), plantea un escenario de alta incertidumbre jurídica y financiera.
Instalar una estación de servicio en México no es tarea menor. Una unidad nueva, equipada con dispensarios para gasolina regular, premium y diésel, requiere una inversión inicial de 25 millones de pesos, sin contar el terreno. A esto se suman entre 3 y 5 millones adicionales en gastos indirectos: permisos municipales, estatales, pagos ante ASEA, CNE y gestorías especializadas. En total, el desembolso puede superar los 30 millones de pesos, lo que convierte a cada estación en un proyecto de alto riesgo si no se garantiza una vigencia suficiente para recuperar la inversión.
Con márgenes operativos que varían según la ubicación, el tipo de estación (urbana o carretera) y el volumen de ventas, recuperar la inversión en solo 10 años resulta prácticamente inviable para muchos empresarios. La falta de estandarización en los márgenes y la volatilidad del mercado de combustibles agravan el panorama.
Uno de los aspectos más preocupantes es la incertidumbre sobre la renovación de permisos. Bajo el esquema anterior, los permisos podían extenderse hasta por 30 años, con posibilidad de renovación por la mitad del plazo original. Hoy, con la nueva normativa aún sin reglamento publicado, no existe claridad sobre los criterios de renovación ni sobre el plazo máximo que se otorgará.
La CNE ha comenzado a emitir permisos con vigencia de 10 años, pero no ha definido públicamente las condiciones para su renovación. Esto genera un vacío legal que pone en pausa decisiones de inversión y expansión en el sector.
La Asociación Mexicana de Estaciones de Servicio (Ampes) ha manifestado su preocupación ante esta nueva realidad. Empresarios del ramo han solicitado a las autoridades que consideren otorgar renovaciones por otros 10 años, en lugar de limitarse a la mitad del plazo inicial. Sin embargo, hasta que se publique el reglamento oficial, el sector opera en un entorno de especulación y riesgo.
Mientras tanto, la CNE ha aprobado más de 200 nuevos permisos en los últimos meses, lo que indica una reactivación del proceso regulatorio. No obstante, todos los permisos emitidos hasta ahora tienen una vigencia de 10 años, lo que confirma la nueva tendencia.
Más allá de la rentabilidad individual de cada estación, lo que está en juego es la viabilidad del modelo de negocio gasolinero en México. Si la regulación no ofrece certidumbre a largo plazo, muchos proyectos podrían cancelarse antes de iniciar. Esto afectaría la cobertura territorial, la competencia, el empleo y el abasto de combustibles en regiones clave del país.
La transición hacia un nuevo marco regulatorio exige transparencia, diálogo y reglas claras. De lo contrario, el país podría enfrentar una desaceleración en la expansión de su infraestructura energética, justo en un momento en que se busca fortalecer la soberanía energética y garantizar el acceso a combustibles en todo el territorio nacional.
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