Acuerdo General número 4/2026, de veintisiete de abril de dos mil veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se dispone el aplazamiento del dictado de la resolución en los conflictos competenciales y amparos directos del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, así como en los conflictos competenciales y en las contradicciones de criterio en los Plenos Regionales, en los que resulte necesario definir la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito por razón de territorio, para conocer del amparo directo promovido contra un laudo emitido por una Junta de Conciliación y Arbitraje que se extinguió durante la sustanciación del juicio con motivo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en Materia de Justicia Social y diversos acuerdos por los que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Este acuerdo publicado en el DOF el 12 de mayo de 2026 marca un nuevo horizonte en la justicia laboral. Una reforma que redefine competencias en amparos directos y permite a la Suprema Corte ser guía en tiempos de transición jurídica.

Consulta la disposición legal en el DOF

Suprema Corte dispone aplazamiento en conflictos competenciales

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido el Acuerdo General número 4/2026, una disposición trascendental que impactará directamente el manejo de conflictos competenciales y amparos directos en los Tribunales Colegiados de Circuito y los Plenos Regionales. Este acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de mayo de 2026, busca resolver los desafíos derivados de la transición en materia de justicia laboral.

¿De qué trata este acuerdo?

Aplaza el dictado de resoluciones en conflictos competenciales y amparos directos.
Aborda contradicciones de criterios en los Plenos Regionales.
Define competencias territoriales relacionadas con la extinción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Este ajuste se enmarca en las reformas laborales incluidas en el decreto de justicia social, representando un esfuerzo por garantizar que las competencias judiciales se alineen con la reestructuración territorial de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.

La esencia detrás del decreto

El acuerdo constitucional surge como una herramienta para aclarar el panorama jurídico que parece un acertijo complejo, especialmente ante la transición de las juntas especiales y la implementación de nuevas normas laborales. Con ello, la Suprema Corte toma el papel de brújula en esta travesía para garantizar un sistema más claro y funcional.

Impacto en la justicia laboral

La reforma laboral ha hecho que la SCJN actúe ante la incertidumbre jurisdiccional que podría complicar los procesos de amparo directo. Este aplazamiento estratégico, aunque en apariencia técnico, abre una puerta a redefinir líneas de acción que permitan una justicia más precisa y acorde con las necesidades actuales.

Para más detalles sobre este acuerdo, se puede consultar directamente en el DOF, donde se encuentra disponible su contenido íntegro.

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