A meses de la revisión del T-MEC, la política energética mexicana vuelve a tensar la relación con Estados Unidos. Cartas empresariales, iniciativas legislativas y respuestas de SENER anticipan una negociación dura sobre Pemex, CFE y el trato a inversionistas en el sector energético.
A ocho meses de la primera revisión formal del T-MEC, prevista para julio de 2026, el tablero energético México–Estados Unidos–Canadá volvió a encenderse.
En días recientes, una nueva oleada de cartas empresariales, pronunciamientos de lobbies energéticos y una iniciativa de ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos puso el foco directamente sobre dos actores: Pemex y CFE. La nota de Expansión funciona como termómetro de algo más profundo: no es un episodio aislado, sino la continuación de un conflicto que viene arrastrándose desde la renegociación del TLCAN y que se agudizó con la disputa energética formal que Washington y Ottawa activaron en 2022 bajo el Capítulo 31 del T-MEC por trato preferencial a las empresas del Estado.
En paralelo, México completó en 2024–2025 un giro estructural en su modelo energético: reformas constitucionales y leyes secundarias que reafirman a Pemex y CFE como empresas públicas dominantes, les devuelven prioridad en despacho eléctrico y las re-clasifican como compañías plenamente estatales, no “productivas” orientadas a competir en igualdad con privados.
Ese choque de visiones —soberanía energética y control estatal vs. competencia y acceso no discriminatorio— es el verdadero telón de fondo de la tensión actual.
En Washington, el frente se está moviendo en tres carriles simultáneos:
Cartas empresariales a la USTR
Asociaciones como la American Petroleum Institute (API), cámaras empresariales y grupos vinculados al Permian Basin han enviado comunicaciones formales a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) argumentando que la reforma mexicana de 2024 y los cambios regulatorios recientes:
Favorecen sistemáticamente a Pemex y CFE en hidrocarburos, transporte de gas, electricidad y renovables.
Elevan la discrecionalidad en permisos, retrasos y auditorías.
Generan incertidumbre jurídica para inversiones de largo plazo.
El mensaje de fondo: México está desandando la apertura de 2013 y erosionando los compromisos del T-MEC en materia de trato justo a la inversión y empresas del Estado.
La “Mexican Energy Trade Enforcement Act” (H.R. 5926)
En la Cámara de Representantes se presentó el proyecto H.R. 5926 – Mexican Energy Trade Enforcement Act, impulsado por el congresista Jodey Arrington y respaldado de forma bipartidista. La iniciativa busca obligar a la USTR a:
Solicitar un panel de solución de controversias contra México bajo el T-MEC.
O, en su defecto, convertir el cumplimiento de obligaciones energéticas en condición explícita durante la primera revisión conjunta del tratado en 2026.
No es una simple resolución simbólica: abre la puerta a que, si el Ejecutivo estadounidense no escala el diferendo, el propio Congreso le exija hacerlo.
Presión mediática y política acumulada
Medios internacionales y análisis especializados subrayan que el tema energético es hoy el flanco más vulnerable de México de cara a la revisión:
Se cuestiona la desaparición o vaciamiento de reguladores como CRE y CNH.
Se señala la prioridad constitucional de la CFE en despacho, incluso cuando su generación sea más cara que la de privados.
Se alerta que la combinación de empresas públicas dominantes y menor espacio para inversión privada pega directamente a la narrativa de nearshoring y competitividad norteamericana.
En resumen, Washington está construyendo el argumento de que México está usando su nuevo marco interno para favorecer a Pemex y CFE de forma incompatible con el capítulo de empresas del Estado del T-MEC.
Del lado mexicano, el discurso oficial insiste en que no hay discriminación y que la legislación vigente “mantiene y promueve” la inversión privada bajo reglas claras. La Secretaría de Energía ha subrayado figuras como los “contratos mixtos” entre privados y empresas públicas, presentándolos como prueba de apertura, mientras niega violaciones al tratado.
Sin embargo, el diseño legal y constitucional aprobado desde 2024 dibuja otro mensaje para los analistas:
Reversión parcial de la reforma de 2013
La reforma energética original abrió exploración, producción, transporte y generación a la inversión privada. A partir de 2024, las enmiendas constitucionales y legislación secundaria reafirman que el Estado, vía Pemex y CFE, retoma el comando del sector, relegando a los privados a un rol complementario y condicionado.
Reclasificación de Pemex y CFE como empresas públicas
Las leyes firmadas en 2024–2025 consolidan a Pemex y CFE como empresas públicas del Estado, con énfasis en objetivos sociales y de soberanía por encima de la rentabilidad. CFE debe asegurar un porcentaje mínimo de generación nacional y goza de prioridad de despacho; Pemex es reposicionado como brazo estratégico de política energética y transición, aun con niveles de deuda y pasivos elevados.
Tensiones con el Capítulo 22 del T-MEC
El Capítulo 22 sobre empresas del Estado y monopolios designados no prohíbe a México tener empresas públicas fuertes, pero sí exige que, cuando compitan en mercados abiertos, lo hagan bajo consideraciones comerciales y sin otorgar un trato menos favorable a empresas privadas en compra y venta de bienes y servicios.
Desde la óptica mexicana, Pemex y CFE son instrumentos legítimos de política pública. Desde la óptica estadounidense, el problema es cuando ese rol se traduce en reglas que, en la práctica, cierran el paso o encarecen la entrada a inversión extranjera.
La revisión de 2026 no es una renegociación automática, pero sí una ventana de presión estructurada. A nivel práctico, en el terreno energético se abren varios escenarios:
Panel Estado–Estado bajo el Capítulo 31
Estados Unidos ya activó consultas por energía en 2022. El paquete de cartas empresariales y la iniciativa H.R. 5926 hacen más probable que, si consideran insuficientes los cambios en México, presionen por escalar hacia un panel formal. Un fallo adverso podría derivar en:
Compromisos de corrección regulatoria específicos.
Autorización de represalias comerciales (aranceles) en sectores sensibles.
Condiciones explícitas en la revisión de 2026
El Congreso estadounidense busca que la revisión del tratado no sea sólo una evaluación técnica, sino una oportunidad para:
Atar la permanencia del T-MEC a compromisos de acceso no discriminatorio al sector energético.
Introducir cláusulas o entendimientos interpretativos sobre cómo deben operar las empresas del Estado en mercados abiertos.
Escenario de fricción crónica sin ruptura
También es posible que no haya un gran “momento dramático”, sino una fricción continua:
Más consultas formales.
Más cartas de aclaración y notas diplomáticas.
Mayor escrutinio a cada reforma reglamentaria o administrativa mexicana.
En ese escenario, el riesgo para empresas no es tanto la cancelación del tratado, sino un ambiente de alta incertidumbre regulatoria y política.
Para inversionistas y empresas operando o evaluando entrar a México, el debate no es teórico. Tiene traducciones prácticas por segmento:
Contratos condicionados a esquemas con Pemex
La tendencia a privilegiar asignaciones y contratos mixtos con la petrolera estatal incrementa el peso del socio público en decisiones de inversión, calendario y desarrollo de campos.
Mayor riesgo de cambios en reglas de contenido nacional, transporte y almacenamiento que afecten a operadores privados, especialmente en terminales, ductos y logística de combustibles.
La reforma que da preferencia constitucional a CFE en el despacho y exige un mínimo de generación estatal tensa la viabilidad de nuevos proyectos renovables privados, que dependen de condiciones claras de acceso a red, prioridad y contratos de largo plazo.
La percepción de trato desigual en permisos y conexión a red ya forma parte central de los reclamos empresariales ante la USTR.
Los usuarios industriales que apuestan por suministradores calificados y PPAs privados dependen de que los contratos se interpreten y ejecuten dentro de un marco que no cambie cada sexenio.
Si las controversias escalan, podrían verse expuestos a:
Cambios en esquemas tarifarios regulados.
Revisiones de contratos y permisos.
Mayor volatilidad en precios nodales y condiciones de acceso.
Para grupos globales, el mensaje es claro: el atractivo de México como plataforma industrial depende de energía suficiente, predecible y competitiva.
Cada avance legislativo en Washington que vincula la revisión del T-MEC con condiciones energéticas introduce un factor adicional en los modelos de riesgo país y en el costo de capital de proyectos intensivos en energía.
De aquí a la revisión de 2026, hay al menos cuatro líneas de seguimiento que Pemex, CFE, operadores privados e industria no pueden perder de vista:
Ruta legislativa de la Mexican Energy Trade Enforcement Act (H.R. 5926)
Si avanza en comisiones y pleno con apoyo bipartidista, se fortalece el mandato político para que la Casa Blanca endurezca su postura frente a México en energía.
Nuevas cartas y análisis empresariales ante la USTR
Más allá de API y cámaras ya visibles, otros sectores —automotriz, manufactura intensiva en energía— pueden sumarse con argumentos de competitividad y nearshoring.
Ajustes finos en la legislación y regulación mexicana
Reglamentos, lineamientos, acuerdos internos de SENER, CFE, Pemex y reguladores sustitutos pueden convertirse en piezas clave de futuras controversias.
Cada nueva norma debe leerse en clave doble: modelo soberanista interno y compatibilidad con capítulos 14, 21 y 22 del T-MEC.
Señales desde la propia revisión del T-MEC
Documentos de trabajo, comunicados conjuntos y declaraciones públicas de los tres gobiernos irán marcando el tono: si se habla de “modernización” o de “condicionalidad”, sabremos qué tan cuesta arriba será la defensa del modelo energético mexicano.
Detrás de los titulares sobre choques diplomáticos, la pregunta clave para cualquier actor del sector energético es otra:
¿Mi estrategia de inversión, operación y contratos incorpora el riesgo de que el modelo energético mexicano sea cuestionado en la mesa del T-MEC?
Para proyectos upstream, midstream, eléctricos y renovables, esto implica:
Modelar escenarios de paneles y represalias en análisis de sensibilidad financiera.
Revisar cláusulas de estabilización, solución de controversias y terminación anticipada en contratos.
Alinear decisiones de expansión de capacidad y nearshoring con mapas de riesgo regulatorio y comercial, no sólo con análisis de costo de generación o transporte.
Desde la lógica de IA Regulatoria, el desafío ya no es sólo “estar informado”, sino anticipar patrones:
Detectar, mediante modelos de lenguaje y análisis de documentos oficiales, cuándo una reforma interna cruza líneas rojas del T-MEC.
Construir tableros que conecten iniciativas legislativas en Washington, cambios normativos en México, cartas empresariales y resoluciones de la USTR.
Traducir esos insumos en alertas accionables para consejos de administración y comités de inversión.
En la revisión de 2026, la discusión no sólo será jurídica. Será una negociación sobre qué tanto espacio le queda a México para un modelo energético centrado en Pemex y CFE sin poner en riesgo su ancla comercial con América del Norte. Para quienes operan en este sector, ignorar esa tensión ya no es opción.
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