La producción de gas LP de Pemex cayó a 81.5 mil barriles diarios, su nivel más bajo en 15 años, mientras casi 60% de las ventas dependen de importaciones. Amexgas advierte inventarios 'prácticamente en cero', huachigas e inseguridad para denunciar. El desabasto ya no es un riesgo teórico: es la consecuencia esperable de un modelo basado en just in time, controles de precio y mínima capacidad de almacenamiento.
La escena en el Congreso GLP 2025 tuvo algo de confesión colectiva: por primera vez en mucho tiempo, distribuidores, analistas y técnicos reconocieron en público lo que en privado llevan meses diciendo. El gas LP en México está operando al filo del desabasto.
Pemex registra una producción de gas LP de apenas 81.5 mil barriles diarios, el nivel más bajo en una década y media. Al mismo tiempo, más de 60% de las ventas ya depende de importaciones. Es decir, el país vive de gas que viene de fuera, movido por una logística que trabaja con inventarios mínimos y con márgenes de maniobra cada vez más estrechos.
En medio de ese cuadro, las declaraciones de la cúpula gasera fueron tan directas como incómodas: hay días en que las plantas tienen inventarios prácticamente en cero, rutas donde se reparte “poquito a muchos” y regiones donde el miedo al huachigas supera las ganas de denunciar.
El dato de 81.5 kbpd no es solo una estadística: es la prueba de que la producción nacional de gas LP ya no alcanza para sostener el consumo interno. El hueco se llena con barcos, ductos y carros tanque que traen producto del exterior.
Importar gas LP no es, por sí mismo, un problema. El problema es hacerlo en un sistema que mantiene casi intactos sus viejos puntos débiles:
Refinerías y plantas de procesamiento que no despegan lo suficiente.
Terminales marítimas estresadas por ventanas de descarga cada vez más apretadas.
Ductos con años de desgaste y con secciones donde la operación segura convive con tomas clandestinas.
En estas condiciones, cada alteración de la rutina –un frente frío que detiene un buque, una falla mayor en un ducto, un bloqueo carretero– se convierte en una cadena de retrasos. Lo que en papel es un “evento aislado” en la práctica se traduce en colonias que reciben menos cilindros, comercios que reprograman entregas y plantas que estiran turnos extras para cumplir con un volumen que ya no llega completo.
El Congreso GLP 2025 dejó claro que el sistema opera con inventarios tipo just in time. Para una fábrica de autopartes, ese concepto puede ser sinónimo de eficiencia. Para el energético que usan más de 30 millones de hogares para cocinar y calentar agua, es otra cosa: una fragilidad estructural.
Desde el escenario, la representación de Amexgas habló de días con inventarios “muy bajos” y de episodios de racionamiento temporal en algunas regiones. No se trata de apagones masivos de cilindros, sino de una operación al filo: se retrasa una llegada de producto, se ajustan las cargas a los distribuidores, se alargan las rutas. El usuario final, sobre todo en zonas populares y periferias, lo siente como que “cada vez rinde menos el reparto”.
A ese cuadro se suma el tema del huachigas. Los distribuidores reconocen que el robo de gas LP es un drenaje permanente, pero el temor a denunciar a detalle sigue siendo alto. Denunciar implica señalar rutas, almacenes clandestinos, intermediarios. Y eso, en muchos territorios, no es un acto administrativo: es un riesgo personal.
El resultado es una mezcla explosiva: menos producción nacional, más dependencia de importaciones, inventarios mínimos y una porción del mercado capturada por esquemas ilegales que operan bajo reglas propias.
Durante años, el “riesgo de desabasto” se describió como un escenario extremo, reservado para combinaciones muy específicas de factores. Hoy, el sistema de gas LP se parece más a un modelo que fabrica sus propios riesgos.
Hay varios elementos que se cruzan:
Un parque de almacenamiento limitado, que en muchos casos cubre apenas unos pocos días de consumo.
Redes de distribución que han ido reacomodando rutas y frecuencias para sobrevivir con el mínimo inventario posible.
Un marco de precios tope que, sin ajustes finos, termina castigando a quienes invierten en seguridad, mantenimiento y logística.
En ese entorno, cualquier shock externo –un repunte en el precio internacional, una devaluación fuerte, un episodio de inseguridad en un corredor clave– se amplifica. El problema ya no es solo cuánto cuesta el gas LP, sino si el sistema puede garantizar que los cilindros sigan llegando con regularidad a las zonas donde la gente no tiene otra opción de combustible.
El precio máximo por región se diseñó con un objetivo muy claro: contener el impacto en el bolsillo de las familias. Nadie discute la intención. Lo que está en discusión es el efecto colateral: al comprimir el margen, se reduce el incentivo para que la cadena de valor invierta en exactamente aquello que hoy hace falta: almacenamiento, flota más segura, sistemas de monitoreo, desarrollo de nuevas terminales.
Si a eso se suma un mercado ilegal que vende por debajo del precio formal, el juego se distorsiona. El huachigas drena producto, erosiona los ingresos de Pemex y de los distribuidores legales, y compite con reglas que ningún negocio regulado puede igualar.
En el frente internacional, la ecuación tampoco es cómoda. Un país que importa más de la mitad del gas LP que consume queda a merced de:
La volatilidad del propano y butano en el mercado global.
La disponibilidad logística en puertos, barcos y rutas.
El tipo de cambio y las condiciones financieras globales.
En un mundo con choques climáticos más frecuentes, conflictos regionales y cadenas de suministro tensas, apostar a que esa combinación siempre jugará a favor es, como mínimo, optimista.
El mensaje de fondo del Congreso GLP 2025 no fue solo que faltan litros; fue que falta Estado donde se necesita y sobra Estado donde se limita el margen sin premiar la inversión de largo plazo.
La CNE tiene el reto de dejar de ser vista solo como el árbitro del precio por kilo. Su tarea para los próximos años pasa por equilibrar tres variables que hoy están desalineadas:
Protección al consumidor.
Seguridad de suministro.
Viabilidad económica y logística de la cadena.
Eso implica revisar esquemas de almacenamiento mínimo, reconocer la realidad regional de costos y riesgos, y abrir espacio regulatorio para proyectos que agreguen días de inventario, no solo litros vendidos.
SENER tiene que regresar al tablero de política pública de gas LP con algo más que comunicados. La hoja de ruta realista sería: metas graduales de almacenamiento, identificación de regiones críticas y una coordinación efectiva con la CNE para que las obligaciones no quiebren a los pequeños distribuidores.
En el frente de seguridad, SAT y Guardia Nacional son clave. Perseguir el huachigas no es solo cerrar tomas; es seguir el rastro del dinero, la gasolina fiscal y la cadena logística que alimenta ese mercado paralelo. Mientras el negocio ilegal sea rentable y el riesgo percibido sea bajo, el incentivo seguirá del lado equivocado.
Finalmente, los gobiernos estatales tienen que dejar de ver el gas LP como un tema lejano. Los accidentes, el racionamiento, los conflictos por operativos y la percepción de abandono recaen directamente en sus territorios. Ordenar permisos locales, integrar el riesgo de gas LP en la planeación urbana y coordinarse con el gobierno federal no es un lujo: es parte de su responsabilidad básica de protección civil.
De cara a 2026–2030, el gas LP en México enfrenta tres preguntas incómodas que ya no se pueden seguir pateando:
¿Cuántos días de inventario está dispuesto el país a garantizar para un combustible del que dependen millones de hogares?
¿Qué modelo de precios y regulación puede proteger al consumidor sin asfixiar la inversión en almacenamiento, seguridad y logística?
¿Cuánto tiempo más se tolerará que el huachigas funcione como un mercado paralelo con reglas propias, mientras se le exige al mercado formal cumplirlo todo?
La producción mínima de Pemex, la dependencia de importaciones y los inventarios críticos no son datos sueltos: son indicadores de un modelo agotado. El Congreso GLP 2025, con todas sus incomodidades, dejó un mensaje claro: si no se corrige el rumbo, el desabasto dejará de ser un fantasma para convertirse en rutina.
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