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Hidrocarburos
Investigación revela cómo firmas de EE.UU. y cárteles mexicanos operaron un esquema de huachicol fiscal que evadió miles de millones en impuestos.
Una investigación binacional revela cómo compañías estadounidenses y redes criminales mexicanas crearon un esquema para robar crudo, refinarlo en Texas y reingresarlo a México como gasolina legal, evadiendo impuestos por miles de millones.
El gobierno federal mexicano y autoridades de Estados Unidos han destapado una red de tráfico de hidrocarburos que operó durante al menos tres años, involucrando a empresas estadounidenses, funcionarios mexicanos y organizaciones criminales. El esquema, calificado como “huachicol fiscal”, permitió que crudo robado en México fuera refinado en Texas y regresara al país como combustible aparentemente legal, sin pagar impuestos.
Entre las compañías señaladas se encuentran Arroyo Terminals, Big Hog Energy y Jentran, con operaciones en Texas. De acuerdo con la fiscalía estadounidense, James Jensen, propietario de Arroyo Terminals, lideró una estructura que recibía cargamentos de crudo mexicano en su terminal de Río Hondo, cerca de Brownsville. Desde ahí, el hidrocarburo era enviado a refinerías estadounidenses y posteriormente reintroducido a México a través de aduanas en Tamaulipas, con documentación alterada y la complicidad de funcionarios federales.
El expediente judicial indica que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) facilitó la extracción y traslado del crudo, mientras que otras organizaciones, como Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, habrían participado en etapas previas del robo. La DEA advierte que este modelo representa una nueva fuente de financiamiento para grupos criminales, combinando robo de hidrocarburos, contrabando y lavado de dinero.
Entre 2022 y 2025, la red habría movilizado al menos 2,881 cargamentos ilegales, generando ganancias por 300 millones de dólares, de los cuales cerca de 47 millones fueron transferidos a socios criminales en México. El impacto fiscal es aún mayor: se estima que el erario dejó de percibir miles de millones de pesos en impuestos y derechos.
Este caso expone vulnerabilidades críticas en la cadena de suministro de combustibles y en los controles aduaneros. Además, plantea un reto para la política energética mexicana, que busca reducir la dependencia de importaciones y fortalecer la soberanía en hidrocarburos. Expertos advierten que, sin mecanismos de trazabilidad y cooperación internacional más estrictos, el huachicol fiscal podría consolidarse como una amenaza estructural.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la DEA coordinan acciones dentro del Operativo “Muerte Líquida”, que ya ha derivado en órdenes de aprehensión contra empresarios, funcionarios y operadores logísticos. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia prepara cargos por conspiración y lavado de dinero contra directivos de las firmas involucradas.
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