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Energía
El PRI denunció a Adán Augusto ante agencias de EE.UU. por presuntos vínculos con contrabando de combustibles y lavado de dinero transfronterizo.
El senador Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y figura clave en el círculo cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, enfrenta una denuncia formal ante agencias de seguridad de Estados Unidos por presuntos vínculos con redes de contrabando de combustibles, huachicol fiscal y lavado de dinero.
La denuncia fue presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, la DEA y el FBI, y señala que López habría participado en un esquema criminal que involucra el robo de crudo en México, su traslado a territorio estadounidense para ser procesado, y su reimportación como producto refinado, evadiendo impuestos y regulaciones.
Según el documento entregado por el PRI, el esquema denunciado forma parte de una red conocida como el “Cártel de Macuspana”, que presuntamente involucra a funcionarios de alto nivel, empresarios y operadores logísticos. El grupo criminal La Barredora, liderado por Hernán Bermúdez —exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto—, sería el brazo operativo de esta estructura.
Bermúdez fue detenido recientemente en Paraguay y enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Su testimonio podría ser clave para esclarecer el alcance de la red y los vínculos políticos que la sostienen.
El esquema de huachicol fiscal ha generado pérdidas multimillonarias para Pemex y el fisco mexicano, estimadas en más de 150 mil millones de pesos anuales. Empresas fachada, permisos falsificados y triangulación aduanera han permitido el ingreso irregular de gasolina y diésel a precios más bajos, afectando a comercializadores formales y generando competencia desleal.
Además del impacto económico, el contrabando de combustibles representa una amenaza para la seguridad energética nacional, al debilitar los controles sobre la calidad del producto, la trazabilidad de la cadena de suministro y la recaudación fiscal.
Adán Augusto ha negado cualquier vínculo con La Barredora y con las operaciones denunciadas, y ha declarado estar dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. Sin embargo, partidos de oposición cuestionan su cercanía con Bermúdez y señalan que no es creíble que desconociera las actividades delictivas de su excolaborador y amigo.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha evitado pronunciarse directamente sobre el caso, aunque ha reiterado su compromiso con el combate al huachicol y la transparencia institucional.
La denuncia ante agencias estadounidenses podría abrir una investigación internacional que trascienda el ámbito político mexicano. Si se comprueba la existencia de operaciones transfronterizas de contrabando y lavado de dinero, el caso podría derivar en sanciones, congelamiento de activos y procesos judiciales en ambos países.
Para México, este episodio representa una oportunidad para revisar los mecanismos de control en el comercio de hidrocarburos, fortalecer la fiscalización aduanera y garantizar que el combate al crimen organizado no se detenga en los límites del discurso político.
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