La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó que la política energética de México no se modificará por presiones de EE.UU. y Canadá en el marco del T-MEC. Analizamos qué implica esta postura para renovables, Pemex, CFE, permisos, arbitrajes internacionales e inversión extranjera en el sector energético.
La presidenta Claudia Sheinbaum dejó un mensaje nítido de cara a la revisión del T-MEC en 2026: la política energética de México no se modificará por presión de Estados Unidos y Canadá. En conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria afirmó que las reformas aprobadas en el sector son “decisiones soberanas” y que el modelo vigente no viola el tratado comercial, pese a las quejas de empresas y legisladores norteamericanos.
Sheinbaum defendió la reforma eléctrica que consolidó el papel de la CFE como eje del sistema, al establecer que la empresa estatal definirá convocatorias específicas para nueva generación privada donde el sistema lo requiera. También subrayó que, en el caso de renovables, las nuevas reglas obligan a incorporar baterías de respaldo para garantizar estabilidad en la red, transformando el modelo de “renovable pura” en uno de renovable + almacenamiento.
El mensaje llega en un contexto de creciente tensión: en Washington se han multiplicado las acusaciones de trato preferencial a Pemex y CFE y se han presentado iniciativas, como el Mexican Energy Trade Enforcement Act, que buscan darle a la USTR herramientas más duras para perseguir “discriminación” contra empresas estadounidenses en el sector energético mexicano.
Para la Casa Blanca, el Congreso de EE.UU. y varias petroleras y eléctricas norteamericanas, el problema es claro: México estaría usando su política energética para favorecer a las empresas estatales en detrimento de la inversión privada extranjera, lo que chocaría con los principios de trato nacional y no discriminación del T-MEC.
Los puntos más sensibles de la agenda incluyen:
Preferencia operativa y regulatoria para CFE en el despacho eléctrico y en convocatorias de nuevos proyectos.
Ventajas de facto para Pemex en permisos de combustibles, logística y acceso a infraestructura, frente a traders y refinadores privados.
Cambios legales que limitaron la participación privada en generación y modificaron la lógica de PPAs y mercados de largo plazo.
Del lado mexicano, la respuesta ha sido consistente desde el sexenio anterior: la política energética es un asunto de soberanía y las reformas no violan, según el gobierno, las letras del T-MEC. Sheinbaum retoma esa línea: asegura que los cambios buscan corregir un “modelo fallido” de liberalización, reordenar permisos “no viables” y poner orden en un sistema que, a su juicio, había cedido demasiado poder a privados.
En esa narrativa, el T-MEC debe “acomodarse” a la Constitución y a las leyes mexicanas, no al revés. Para Washington y Ottawa, el mensaje es otro: México está tensando al límite las cláusulas de inversión del tratado, justo cuando se acerca la revisión de 2026, en la que se decidirá si el acuerdo se renueva hasta 2036 o entra en zona de riesgo.
Uno de los capítulos más delicados del nuevo modelo es el de energías renovables. Sheinbaum ha insistido en que México seguirá apostando por solar y eólica, pero bajo reglas “técnicamente responsables”: cualquier proyecto deberá incorporar baterías o sistemas de almacenamiento para extender la generación y aportar confiabilidad al sistema.
En términos de planeación eléctrica, el criterio tiene lógica: más renovables sin red ni almacenamiento pueden generar congestión, vertimientos y riesgos de estabilidad. Pero para muchos inversionistas el mensaje suena a barrera de entrada:
Eleva el CAPEX inicial de los proyectos, al obligar a integrar BESS desde el inicio.
Exige contratos y financiamiento más complejos, en un contexto donde el marco regulatorio y los mercados eléctricos ya venían bajo presión.
Deja a CFE con un papel de “gatekeeper” sobre dónde, cuándo y bajo qué condiciones se autoriza nueva generación privada.
El resultado es una paradoja: México dice querer más renovables para cumplir sus metas climáticas y de NDC 3.0, pero al mismo tiempo envía señales de mayor intervención estatal y riesgos regulatorios crecientes, justo cuando EE.UU. y Canadá cuestionan la consistencia de esa política con el T-MEC.
Más allá de la generación eléctrica, la controversia T-MEC se cruza con cambios en el downstream petrolífero, donde la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE) ha tomado el relevo regulatorio de la extinta CRE en permisos de petrolíferos y gas natural.
En paralelo, el gobierno ha impulsado medidas como el balizado GPS obligatorio en transporte de combustibles, controles más estrictos en patios de autoconsumo y una política de permisos que, en la práctica, ha resultado mucho más exigente para nuevos jugadores que para la infraestructura heredada de Pemex o proyectos alineados con las prioridades del Estado.
Para las empresas de EE.UU. y Canadá, este entorno construye un patrón:
reglas cambiantes,
discrecionalidad en la emisión, cancelación o congelamiento de permisos,
y uso de herramientas como el balizado, auditorías fiscales o controles volumétricos como instrumentos de presión.
Es el tipo de narrativa que alimenta expedientes y argumentos para futuros paneles de solución de controversias en el marco del T-MEC, o para reclamos bajo esquemas de arbitraje inversionista–Estado si las empresas consideran que sus inversiones han sido tratadas de forma discriminatoria.
La apuesta del gobierno mexicano es clara: consolidar una política energética soberana sin sacrificar el atractivo del país para el nearshoring y la inversión industrial. El problema es que los mensajes enviados al sector energético van en sentido contrario a la certeza que exigen los grandes capitales.
Del lado de EE.UU. y Canadá, la presión se ha intensificado:
Legisladores federales han impulsado iniciativas como el Mexican Energy Trade Enforcement Act para obligar a la USTR a ir más lejos en la defensa de sus empresas energéticas.
La representación comercial estadounidense ha documentado casos de “discriminación persistente” contra empresas energéticas bajo el T-MEC, dejando abierta la puerta a paneles formales.
Tanques de pensamiento y analistas ven en la revisión de 2026 una prueba crítica para saber si la región puede conciliar seguridad energética con reglas de competencia razonables.
Para los inversionistas energéticos —de gasoductos, terminales, parques renovables, almacenamiento, data centers o parques industriales— esto se traduce en una ecuación incómoda:
México ofrece demanda creciente, proximidad al mercado estadounidense y una posición geográfica estratégica.
Pero al mismo tiempo presenta riesgo regulatorio alto, potencial de paneles y arbitrajes, y un discurso político que privilegia explícitamente a las empresas del Estado.
El resultado es un costo de capital más alto para proyectos energéticos en México frente a otros nodos del T-MEC que ofrecen marcos regulatorios más predecibles.
Hasta ahora, el gobierno mexicano ha buscado evitar que el conflicto energético escale a una crisis abierta: niega violaciones al T-MEC, minimiza las quejas como “intereses económicos” y afirma que no existen nuevos paneles formales en curso más allá de los procedimientos conocidos.
Pero la combinación de:
presión legislativa en EE.UU.,
acercamiento de la revisión 2026,
persistencia de quejas empresariales,
y la decisión política de “no mover una coma” en la reforma eléctrica,
hace probable que el expediente energético reaparezca con más fuerza en los próximos meses.
Para México, el riesgo ya no es sólo enfrentar un panel adverso: es encarecer su posición en toda la negociación de la revisión del T-MEC, abriendo la puerta a represalias cruzadas en otros sectores o a un clima de incertidumbre que erosione la narrativa del nearshoring energético–industrial.
Y para las empresas energéticas, el mensaje es igual de claro: el tablero ya no se juega sólo en SENER, CFE o CNE; se juega también en Washington, Ottawa y en los claustros donde se deciden paneles y arbitrajes.
En este contexto, cualquier compañía con exposición al sector energético mexicano —desde petrolíferos y gas natural hasta renovables, transmisión, data centers o parques industriales— necesita algo más que un buen abogado de comercio exterior: necesita una capacidad sistemática de mapear riesgo regulatorio y de T-MEC en tiempo casi real.
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