Gas Bienestar redujo precios y generó ahorros, pero opera con pérdidas y cobertura limitada; Pemex evalúa su futuro.
Tras cuatro años de operación, el programa que buscó contener el precio del gas LP enfrenta un dilema: logró su objetivo social, pero acumula pérdidas millonarias y cobertura limitada. Pemex analiza si mantenerlo, transformarlo o dar por concluida la iniciativa.
Gas Bienestar nació en 2021 como respuesta a los altos precios del gas LP y la concentración del mercado en pocas empresas. Su promesa: vender cilindros a precios justos, garantizar contenido completo y sustituir tanques deteriorados. Durante sus primeros años, el programa logró reducir en promedio 12% el gasto energético en hogares beneficiados y generó ahorros acumulados por más de 795 millones de pesos.
Pese a los beneficios iniciales, la expansión nacional nunca llegó. Hoy, Gas Bienestar opera únicamente en nueve alcaldías de la Ciudad de México, con una flota de 129 unidades y cerca de 500 empleados. Mientras tanto, los costos se dispararon: más de 1,300 millones de pesos en cilindros y reparaciones, además de subsidios recurrentes para sostener la operación.
En las zonas donde opera, Gas Bienestar obligó a los distribuidores privados a ajustar precios, pero su escala reducida impidió un cambio estructural. La Cofece determinó que el mercado sigue sin condiciones de competencia efectiva en 213 de 220 regiones analizadas, lo que limita el alcance del programa como herramienta regulatoria.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Pemex revisa la viabilidad del proyecto. “Su objetivo principal, que era evitar aumentos en el precio del gas LP, se cumplió. Ahora Pemex analiza si continúa o no”, declaró. Entre las opciones están mantenerlo con ajustes, integrarlo a una estrategia más amplia de bienestar energético o cerrarlo para reducir presiones financieras.
Gas Bienestar simboliza la tensión entre política social y viabilidad económica. Para las familias beneficiadas, significó ahorro y seguridad; para Pemex, representa pérdidas y subsidios en un contexto de deuda elevada. La decisión final marcará el rumbo de la política energética en un sector que abastece al 76% de los hogares mexicanos.
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